Llevo décadas escuchando de empresarios, industriales, academias, sindicatos, políticos, Iglesia Católica y organizaciones de la sociedad civil, planteando a la sociedad un acuerdo nacional para la prosperidad y progreso de la República Dominicana.
Últimamente en esas discusiones ha penetrado las voces de las iglesias cristianas y sus diversas coaliciones subrayando tanto a los gobiernos como a los partidos políticos, la unificación de criterios para el bienestar del país.
En estos días el periódico de los dominicanos, Listín Diario ha planteado al liderazgo nacional una concertación y han sido varios los sectores políticos, sociales, empresarios, iglesias y organizaciones barriales de la sociedad civil, que han aplaudido el llamado del editorial elaborado por Miguel Franjul, su director.
Pero otros sectores han explicado y recordado los demás pactos y acuerdos realizados en el país y que los gobiernos se han hecho de la vista gorda con los consensos y acuerdos de las fuerzas vivas de la nación dominicana.
Por lo que muchos sectores entienden que concertar es perder tiempo, desde Conflictos y Mediaciones no lo visualizamos así.
Por lo que desde nuestra posición entendemos que debería legislarse para esos fines con el objetivo de obligar a las partes pactantes a cumplir con los planes, proyectos y consensos acogidos en la mesa del diálogo y la concertación.
Es hora de que si queremos un país que marche hacia el desarrollo, deberíamos unir esfuerzos de todos los sectores que de una forma u otra hacen posible que aun ante las adversidades la República Dominicana está de pie y con esperanza de lograr sus metas.
Cuando la República Dominicana se planteó modificar en el año 1992 bajo la presidencia del doctor Joaquín Balaguer, el Código Laboral vigente y otras leyes, muchos sectores tanto políticos, industriales, empresarios, comerciales, Iglesia Católica, medios de comunicación, academias y otras instancias, unieron voluntades para hacer de este Código viable y posible que garantizara los derechos de las personas trabajadoras.
Aunque en este momento sectores empresariales y “sindicales” están en disputas por la cesantía de los trabajadores, ojalá que no cedan esa garantía que poseen los obreros.
Pues lo que siempre se ha exigido es voluntad de cumplimiento de los actores participantes. Cuando se habla de actores nos referimos a las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Municipal; dependiendo las acciones o proyectos consensuados en los diálogos.
De todas maneras esperanzado en un llamado de algún actor protagonista que posea la autoridad suficiente para unificar criterios y a la vez, de credibilidad entre los actores involucrados.
