Jovenel Moise, presidente de Haití.
Puerto Príncipe.- Los obispos de Haití se sumaron este martes a los numerosos sectores de la sociedad que exigen al presidente Jovenel Moise dejar el poder dentro de cinco días, mientras el país está paralizado por una huelga general.
La cúpula de la Iglesia Católica, a través de un comunicado, recordó a Moise que “nadie está por encima de la ley” y le pidió al mandatario que se aplique la Constitución a sí mismo.
La alusión a la Carta magna fue entendida en todos los sectores políticos como un aval de los obispos a las tesis de la oposición en la polémica en torno al final del mandato de Moise, una cuestión que amenaza con agudizar la crisis política, social y de seguridad que atraviesa el país.
LA POLÉMICA DEL FIN DEL MANDATO
Moise asumió el poder el 7 de febrero de 2017, pero los opositores creen que su mandato, de cinco años, comenzó a contar un año antes, debido a la crisis que llevó a la anulación de las elecciones de 2015, que fueron repetidas en 2016.
La tesis de que el mandato termina el próximo domingo la defienden, además, gran parte de la oposición, los sindicatos, el Colegio de Abogados, los evangélicos, los jesuitas y algunos expertos constitucionalistas, que se amparan en una enmienda introducida a la Carta magna en 2011.
La Organización de Estados Americanos (OEA) ha apoyado al Gobierno en la idea de que el mandato concluye en 2022 y también ha mostrado su respaldo al calendario electoral presentado por Moise, que prevé la celebración de comicios el próximo septiembre, tras un referéndum constitucional previsto para el 25 de abril.
SEGUNDO DÍA DE HUELGA
Este martes se vivió el segundo día de la huelga general de 48 horas convocada por los sindicatos para pedir la salida de Moise y para protestar por la inseguridad ciudadana que, en palabras de los obispos, ha puesto Haití “al borde de la explosión».
Todas las actividades volvieron a paralizarse en el área metropolitana de Puerto Príncipe y en algunas de las principales capitales de provincia del país.
Las escuelas, el transporte público y la administración pública y las empresas privadas no funcionaron durante el día, las calles y los mercados de la capital estaban prácticamente vacíos.
Por la tarde decenas de manifestantes se congregaron al frente del Palacio Nacional, con intención de apedrear la comitiva del presidente Moise mientras regresaba a su residencia, pero el grupo fue dispersado por la Policía con gases lacrimógenos.
En varios puntos de la capital, se montaron barricadas y se registraron enfrentamientos esporádicos con la Policía.
Tras los incidentes de la jornada, a través de un comunicado el Gobierno hizo un llamado a “la serenidad, la paz y la tranquilidad en todo el territorio”, al tiempo que instó a todos los grupos “a seguir haciendo uso del diálogo, la cooperación, la disciplina y el imperio de los principios democráticos».
LAS PROMESAS DE MOISE
En un discurso pronunciado el lunes en Facebook, en el que no habló de la huelga, Moise se refirió de nuevo a su proyecto de una nueva Constitución y a la organización de las elecciones.
Durante este discurso, el mandatario abogó por enterrar la Constitución haitiana de 1987, que según él es la fuente de la tensión que existe entre los tres poderes del Estado y es el origen de las constantes crisis que vive el país.
“La Constitución de 1987 no puede seguir en el camino. Ya no podemos soportarlo. Esta Constitución pone a los haitianos de espaldas. (…) Un nuevo texto es importante, por no decir indispensable, para poner al país en el camino del cambio”, indicó el presidente.
UNA TARDÍA PROPUESTA DE DIÁLOGO
El presidente del Senado, Joseph Lambert, había anunciado la organización de dos jornadas de diálogo entre días 3 y 4 de febrero entre los protagonistas de la actual crisis política bajo los auspicios de la Cámara alta para tratar de negociar una salida a la crisis.
Sin embargo, Lambert anunció este martes el aplazamiento sin fecha de esos debates, debido al aumento de las tensiones y a la indisponibilidad de varios actores, que no identificó.
La idea de este debate era vista con escepticismo por parte de varios actores políticos y de la sociedad civil, por considerar que es una iniciativa que llegaba demasiado tarde.
