SANTO DOMINGO.-Hoy cuando la magistrada Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, se disponga a conocer la solicitud de coerción a imputados de la Operación Coral, habrá llegado al primer tramo de los tribunales nacionales el tercer caso que encaminan las autoridades bajo el paraguas de la ‘Operación Antipulpo’.

El primero de estos casos, el Antipulpo, involucró como cabeza a Alexis Medina; el segundo Operación Caracol se tejió alrededor de la Cámara de Cuentas, y este, Coral, alrededor de la seguridad del expresidente Danilo Medina.

A las 11:00 de la mañana de este miércoles deberán estar en la sala de atención permanente Adán Benoni Cáceres Silvestre, Rafael Núñez de Aza, Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora, Tanner Antonio Flete Guzmán y Alejandro José Montero Cruz.

También deberán estar representados en el proceso las personas morales Único Real State e Inversiones SRL, Asociación Campesina Madre Tierra, CSNA Universo Empresarial SRL, Aldom Glass Alumimium SRL, Randa Internacional Company EIRL y RG&S Soluciones Financieras SRL.

Para unos y otros el Ministerio Público ha pedido prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo, lo cual le permitiría tomarse hasta 18 meses para presentar acusación.

Operación compleja
Como líder de esta red, a la que el Ministerio Público atribuye “asociación de malhechores, el desfalco, la estafa contra el Estado dominicano, lavado de activos, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito y la prevaricación, entre otros”.

Y a continuación señala: “En relación con ello, la pluralidad de hechos debe ser debidamente probada, lo que exige al investigador más esfuerzo a los fines de probar o descartar lo imputado. En consecuencia, producto de esto se ha de tratar investigaciones muy extensas, pruebas muy amplias o la implicación de varias instancias”.

Según el documento del Ministerio Público, los imputados utilizaron varios procedimientos para ocultar los bienes obtenidos en ocho años en el Estado, entre ellos la creación de un complejo esquema societario administrado por la pastora Rossy Guzmán Sánchez para adquirir bienes y distraer fondos públicos mediantes cheques de viáticos, de compras de combustibles y de alimentos, participando militares y policías.

En el documento se especifica que también había personas entre ellas José Ramón Santos Jiménez, Vicente Girón Jiménez, Erick Brea Rosario y Juan Ramón Tejada Hilario que se encargaban de hacer depósitos o transacciones para la colocación de los fondos distraídos del Patrimonio del Estado, pero que terminaban de manera directa a los imputados.

Una muestra es el caso de la empresa Asociación Campesina Madre Tierra, propiedad del oficial Cáceres Silvestre, que giro varios cheques a favor del Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve y la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, que encabezaba la Pastora, para las compras de locales.

El templo Jesús Vino, Vive y Vuelve recibía cada mes iniciando en junio del 2016 hasta 26 de diciembre del 2020, cheques por la suma que oscilaban de RD$253,500 a RD$700 mil.

El grupo también había utilizado el método de prestanombres, testaferros, poseedores de propiedades mediante simulaciones contractuales tanto de ventas como de alquiler para darle licitud a los bienes obtenidos del lavado de activos.
Alquiler sospechoso

Uno de los bienes esta alquilado al general Juan Carlos Robiou por US$3,000. Se trata de un apartamento ubicado en las Terrenas, Samaná, lo cual es extremadamente sospechoso para el Ministerio Público porque no ve sentido lógico en alquilar un inmueble por un monto cuantioso y usarlo esporádicamente.

Acusación

3 Mil millones.
Se atribuye que habría manejado el mayor general Cáceres Silvestre desde el Cuerpo de Ayudantes Militares.

Proceso

—1— Cárcel
Imputados caso “operación Coral” están en la carcel del Palacio de Justicia.
—2— Imputación
El grupo acusado de asociación de malhechores, lavado de activos, y otros delitos.
—3— Depositan
El Ministerio Público deposito la solicitud de medida de coerción el lunes las 3:00 de la tarde en el tribunal.

Cáceres poseía apartamento en 2012
Corrupción. En el momento en que el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, presunto líder del entramado perseguido como “Operación Coral”, fue designado como jefe del cuerpo de Seguridad del presidente Danilo Medina en agosto del 2012, poseía un apartamento en Ciudad Satélite.

Esto, según el expediente del Ministerio Público que indica que el oficial a los seis meses de ocupar esa posición adquirió un terreno en el exclusivo sector Colinas del Oeste, por la suma RD$1,300,000, financiado.

El 8 de febrero del 2013 el oficial Cáceres Silvestre y su esposa, Noemi Quezada Minier, adquirieron una residencia de dos niveles ubicada en el Residencial Colinas del Oeste, por un valor de RD$9 millones. Luego, el oficial aumento de sus muebles e inmuebles.