Antonio Ciriaco Cruz 
Antonio Ciriaco Cruz
El sistema tributario dominicano es regresivo. Es un sistema que descansa en “impuestos indirectos” sobre los “directos” en una proporción 70 % indirectos versus 30 % directos. Es una proporción que debe ser cambiada en una próxima reforma fiscal.
Los impuestos indirectos son impuestos que se pagan a través de otro agente económico y luego por el consumidor final. Cuando se establecen impuestos indirectos a los bienes y servicios, eleva el precio y el consumidor termina pagando más por el producto o artículo que compra.
Por otra parte, los “impuestos regresivos” son aquellos que imponen más impuestos, proporcionalmente, a los grupos de bajos ingresos que a los de altos ingresos. Por ejemplo, dos familias con diferentes ingresos podrían gastar cada una RD$ 1,000 pesos en zapatos.
Sin embargo, la familia con ingresos más bajos paga más impuestos como porcentaje de sus ingresos que la familia con ingresos más altos.
Es lo común en el país. Por eso es necesario llevar a cabo una reforma fiscal que dote al estado dominicano de más recursos financieros, que permita mejorar los servicios públicos, incrementar la inversión pública, disminuir las necesidades de endeudamiento y mejorar los servicios públicos.
Pueden ser varias las opciones del tipo de reforma fiscal que se discuta y consensue. Habrá diferentes visiones al respecto. Algunos economistas, posiblemente, propugnarán por revisar o eliminar los “gastos tributarios” o “exenciones fiscales”, otros impulsarán reducciones o aumentos de tasas impositivas a determinados tipos de impuestos, entre otros.
Lo que si se ve de consenso es que, quien gane el próximo certamen electoral tendrá que abocarse a una reforma fiscal. Nuestro sistema tributario adolece de falencias por superar: habrá que reducir la evasión fiscal, tanto del ITBS como del impuesto sobre la renta, así como actualizar el Código Tributario.
El Estado dominicano necesita más recursos. No se puede seguir bajo la lógica de gastar más en pago de intereses de la deuda pública (3.6 % del PIB) que en inversión pública (2.8 % del PIB). Es una lógica perversa.
