SANTO DOMINGO.- Los implicados en la estructura del caso Cobra, que operó en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y que según el Ministerio Público era liderada por su exdirector Santiago Hazim, crearon programas especiales sin sustento técnico ni financiero con el objetivo de obtener sobornos millonarios.
Así consta en la solicitud de medida de coerción, donde se establece que a través de estos programas especiales obtuvo sobornos.
La red habría instalado un equipo interno que ejecutó una obstrucción sistemática contra cualquier iniciativa de mejora institucional o programas de transparencia, con el fin de garantizar la continuidad de sus maniobras fraudulentas, según el Ministerio Público.
Todas estas operaciones ejecutadas en SeNaSa tenían como objetivo sustraer recursos de la institución mediante mecanismos irregulares con ramificaciones en varias empresas del sector salud.
El documento indica que la Gerencia de Salud tramitó los pagos de estos programas hacia la Gerencia Financiera, simulando legitimidad para justificar el desvío de fondos institucionales.
Además, se señala que se adulteraron los estados financieros de manera sistemática, involucrando directamente a personal clave como contabilidad, análisis financiero y tecnología, con el fin de realizar cierres fraudulentos de bordereaux.
Con los registros de reclamaciones manipulados y los estados financieros falseados, mantuvieron oculta la verdadera dimensión del déficit institucional, proyectando una falsa apariencia de solvencia ante los organismos fiscalizadores externos.
La estructura desvió fondos estratégicamente destinados a las reservas técnicas de la institución, comprometiendo su solvencia y el futuro pago a los Prestadores de Servicios de Salud (PSS).
La instancia establece que, mediante la manipulación de la Gerencia de Tecnología, se instrumentalizó y subordinó el proceso para asegurar el cierre fraudulento del bordereau, ejecutando alteraciones contables directamente desde la base de datos de SeNaSa.
Se reclutó y cooptó a funcionarios y técnicos clave dentro de la estructura financiera de la institución incluyendo a la encargada de análisis financiero y presupuesto, para ejecutar órdenes ilícitas, manipular informes y autorizar cierres fraudulentos de cuentas.
El documento indica que el mecanismo central de la red del caso Cobra consistió en la manipulación directa del bordereau (registro de reclamaciones pendientes), violando los controles institucionales para ocultar la verdadera magnitud del déficit.
El gerente financiero era el encargado de realizar el subregistro sistemático de obligaciones, creando una base de datos adulterada.
De acuerdo con la evidencias presentadas por el Ministerio Público, todas estas irregularidades impactaron las reservas técnicas de SeNaSa en más de 15 mil millones de pesos.
Contratos fraudulentos
La estructura del caso Cobra ejecutó contratos fraudulentos a cambio de sumas millonarias en sobornos. Para este mecanismo, constituyeron una red de empresas de carpeta destinadas a operaciones de lavado de activos provenientes de los esquemas de sobornos.
A través de estas empresas generaron cientos de facturas ficticias para sustentar operaciones ilícitas y dar apariencia de legalidad a los fondos obtenidos mediante sobornos exigidos a contratistas privados.
La organización negociaba directamente el otorgamiento o restitución de códigos de Prestadores de Servicios de Salud (PSS), previamente cancelados, buscando asegurar la complicidad de actores del sector privado.
En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva como medida coercitiva para los imputados: Santiago Marcelo Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa; Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exgerente jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Salud y Rafael Luis Martínez Hazim, sobrino de Hazim y fundador de MyCare
Así como los proveedores implicados: Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera y Heidi Mariel Pineda.
Hoy, un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá la solicitud de medida de coerción al grupo imputado de cometer fraude millonario contra esta Administradora de Riesgos de Salud (ARS) pública, así como delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa al Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
El Ministerio Público asegura haber reunido evidencias de sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros, creación de programas ilegales, desvío de fondos, maniobras fraudulentas y un esquema sistemático de corrupción instalado por el entonces director ejecutivo de SeNaSa, en colaboración con otros funcionarios y prestadores de servicios de salud.
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