Arsenio Hernández Fortuna.
El aumento del sueldo mínimo a los empleados(as) del Estado de 10 mil a quince mil pesos era uno de los pocos puntos luminosos de la enérgicamente rechazada propuesta de reforma fiscal. Pero ese incremento en sus ingresos era reclamado, merecido y esperado desde mucho antes de este último proceso.
Se sabe que el costo de la canasta familiar de los que menos ganan, el famoso primer quintil del Banco Central, está por encima de los 27 mil pesos hace meses. Entonces, subir esos sueldos a 15 mil significa apenas alcanzar alrededor del 50% de lo que necesitan realmente los empleados públicos.
Para llegar, poco más o menos, al costo de esa canasta se necesitaría que en el 2025 se incremente el sueldo mínimo a los 15 mil ofrecidos, en 2026 elevarlo a 20, en el 2027 a 25 y en el 2028 a 30 mil pesos. Esta última cifra podría servir de base para establecer un múltiplo de 10 o 12 salarios mínimos para los titulares de los poderes del Estado (presidentes y vicepresidentes), lo que significaría rebajar sustancialmente los lujosos sueldos de más de medio millón de pesos que alcanzan hasta más de un millón 600 mil.
Además de reducir los excesivos gastos en publicidad y otros renglones, de donde se podría encontrar dinero para los que menos ganan.
Si un dominicano(a) puede vivir en Nueva York con alrededor de dos mil dólares (120 mil pesos), que es lo que ganan muchos, entonces un funcionario dominicano que reciba seis o siete mil dólares (360 a 420 mil pesos) aquí estaría bien pagado y con suficiente dinero para vivir bien. Además de que disfruta de otros beneficios: vehículos, combustible, chofer, viáticos, etc.
Es evidente que la economía dominicana ha crecido mucho en los últimos 50 años. Las personas de más edad podemos apreciar bien ese fenómeno al “ojo por ciento”. Entonces la cuestión fundamental de la sociedad de hoy es la redistribución de las riquezas producidas y las naturales (especialmente oro), para que este conjunto de habitantes pueda convivir a mediano y largo plazo sin grandes sobresaltos.
Como explicamos en un artículo anterior, no hay ninguna justificación para que un funcionario de RD gane 15, 20, 25 mil y más dólares. Ganan como en países desarrollados, mientras los profesionales, técnicos medios y obreros calificados, quienes hacen el trabajo, reciben pagos propios de subdesarrollados. Según la Tesorería de la Seguridad Social, cerca del 70% de más de dos millones de empleados públicos y privados ganan menos de 30 mil pesos por mes. Un aumento a los empleados públicos estimularía una sana competencia por el talento criollo, lo que sería beneficioso para toda la economía.
En la Cancillería (y otras dependencias) hay personas que no trabajan (“botellas”) y reciben 150 mil pesos por mes o más, mientras diplomáticos de carrera están en nómina con 10 mil pesos y reciben ocho mil y pico. Eso no ocurre por falta de dinero. Eso es abuso de poder, sarcasmo (burla sangrienta, ironía mordaz y cruel con que se ofende o maltrata…según el diccionario de la RAE). Se está repitiendo el modelo peledeísta de buenos sueldos para su gente, “sus bocinas”; y a los demás que se los lleve el diablo.
Las protestas tan contundentes contra los impuestos anunciados son indicios claros de que a este pueblo se le agota la paciencia. Las “cifras terribles” de baja popularidad que mencionó alarmado el vocero del Gobierno deben servir de advertencia al presidente Abinader y sus funcionarios sobre que ya es tiempo de que los empleados públicos y privados, más sus familiares, la mayoría, reciban al menos lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas y ahorrar algo para cualquier contingencia.
