La República Dominicana ocupa un posicionamiento envidiable en América Latina respecto al crecimiento económico, la estabilidad macroeconómica y la paz social; pero de la misma manera se encuentra en un punto de inflexión con miras al futuro inmediato para garantizar el sostenimiento de esos logros.
El hecho de que ocupar la séptima posición en la economía regional resulta reconfortante en términos teóricos, situación, sin embargo, que resulta chocante cuando se verifican los indicadores de calidad de la educación y en materia sanitaria, los cuales constituyen barreras infranqueables para continuar avanzando de manera sostenida en los próximos años.
Un desafío inmediato está en cómo conseguir los recursos económicos de financiamiento del Presupuesto General de la Nación para el próximo año, sin afectar a la clase media y a los pobres, cuyas precariedades podrían profundizar con la reforma fiscal aún en manos del Poder Ejecutivo.
De hecho, el Fondo Monetario Internacional acaba de considerar impostergable una reforma fiscal para ampliar la base, simplificar el sistema tributario y reducir las exenciones. También advierten a las autoridades que aunque la deuda pública es todavía sostenible, deben evitar que siga aumentando.
En lo referente al sector eléctrico sostiene que hay que continuar con la reforma del sector, a fin de reducir sus efectos sobre las finanzas públicas y el crecimiento potencial.
Este panorama no parece alentador para la administración que encabeza el presidente Luis Abinader. A partir del conocimiento y las destrezas y habilidades de gestión que muestre ante las demandas sociales, podrá garantizar la gobernabilidad y la gobernanza durante el cuatrienio 2024-2028.
En los sistemas democráticos, la gobernabilidad y la gobernanza son conceptos distintos, pero relacionados. El primero alude a la capacidad de un determinado gobierno para procesar las demandas de la sociedad y darle respuestas oportunas; mientras que el segundo, se refiere a la complementariedad de la acción gubernativa respecto a la participación horizontal de los actores políticos, económicos y sociales en el ámbito de lo público y lo privado.
El momento requiere de consensos y de fuertes liderazgos.
Ningún país avanza consistentemente hacia el desarrollo si no muestra plena conciencia sobre sus objetivos estratégicos, que siempre habrán de estar por encima de los particulares. Desafortunadamente, este nivel de conciencia social resulta escaso en la clase política dominicana.
La administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM) no debe usar su mayoría congresual para imponer sus ideas a la fuerza, sin ponderar el interés colectivo, en actitud impropia de sociedades democráticas. Sería conveniente recordar el planteamiento que en una ocasión hizo el filósofo chino Lao Tsé: “El que domina a los otros es fuerte; el que se domina a sí mismo es poderoso”.
Comenzando con la clase política, se impone crear las condiciones necesarias para que florezcan los principios y valores de los que dependen la paz social, la democracia, los derechos humanos, la justicia y la igualdad. Además, hay que consolidar los auténticos fundamentos de la coexistencia pacífica y la tolerancia.
En la República Dominicana también tenemos desafíos inaplazables, entre ellos el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Estas lacras representan graves cuestiones para la colectividad nacional, y enfrentarlas con firmeza es un compromiso de todos.
El trabajo coordinado y de conjunto es de vital importancia para dar respuestas adecuadas en aquellos temas que, por su propia naturaleza, traspasan nuestras fronteras.
No es tiempo para más refriegas. Llegó la hora de promover consensos para la reducción de la pobreza, la desigualdad social, la inseguridad ciudadana y la violencia contra las mujeres, entre otros males.
Sin consensos, República Dominicana no podrá afrontar exitosamente sus desafíos.