Desde la época de Balaguer se han construido viviendas en sectores de bajos ingresos, cuyas facilidades a las personas son bastante factible, ya que les permite a las mismas vivir con dignidad y decoro.
Lo que no se le ofrece son las herramientas básicas de convivencias, limpieza, organización, educación y más que eso, sensibilización para convivir con personas de cultura, religión y valores diferentes a los suyos.
En la experiencia de ocupantes de esos espacios habitacionales, han vivido diversas situaciones conflictivas, violentas y en ocasiones pacificas con sus vecinos y vecinas.
El Estado ha construido diversos proyectos habitacionales en diversas regiones del país y con raras excepciones a las personas que ocuparan dichos apartamentos se les instruye sobre las normas de comportamientos y reglas a asumir en un hábitat diferente al que estaba acostumbrado.
A mi entender ese hecho ha sido un error garrafal por las autoridades y las empresas constructoras; porque estos actores solo están interesados en unos hacer política partidistas con estos proyectos y otros generar recursos económicos a su favor; no le importa el futuro de esas personas.
El Estado debería contar con profesionales de trabajo social para que estos se ocupen de sensibilizar, entrenar y construir con las personas ocupantes, normas de comportamiento y convivencia en esos lugares de varios pisos, en donde vivirán en aéreas comunes y servicios para todos y todas.
He conocido condominios ubicados en los sectores Las Caobas, Guachupita, Los Guandules, Los Guaricanos, La Zurza, Cristo Rey, María Auxiliadora u otros y casi todos tienen las mismas situaciones. Ruidos molestosos, escaleras sucias, lavaderos destruidos, agua desperdiciadas, construcciones ilegales; conflictos violentos entre vecinos los cuales han provocados gravedades en salud a personas envejecientes. Colmadones, drogas, música alta (para la gente es un infierno).
Con las personas que he conversado sobre esa situación, indican que se han apersonado a las autoridades competentes (Invi, Bienes Nacionales, Inavi, BNV) para que les ayuden a solucionar situaciones y han manifestado que estos se hacen la vista gorda de esos problemas.
Cuentan que no existe un mecanismo en donde estos pueden acudir para solucionar sus conflictos y problemas; muchos de los cuales tienen que ver la CAASD, la CDEEE y los ayuntamientos. Sus organizaciones vecinales y comunitarias han hecho las diligencias de lugar para esos fines, pero la espera ha sido larga.
Le he contado que pueden acudir a los centros de mediación comunitarios que existen en las diversas fiscalías barriales en el Distrito Nacional y en la Provincia Santo Domingo o a través del Centro de Mediación Familiar del Poder Judicial (CEMEFA), en la que podrían solucionar sus conflictos y los problemas del condominio en las instancias estatales correspondientes.
Sugiero a las autoridades de Bienes Nacionales, del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) e INAVI que cuando construyan proyectos habitacionales realicen jornadas de capacitación en técnicas de convivencia, normas o reglas del cuidado del inmueble y otras formas de solucionar conflictos de la comunidad o condominio.
Tengo entendido que el proyecto de La Barquita las autoridades están promoviendo con la gente normas y reglas para vivir con dignidad y armonía con sus vecinos. Loable acción.
