Santo Domingo.-Cuando por fin sea aprobado un nuevo Código Penal el pueblo dominicano habrá completado un primer paso para abandonar una de las herencias culturales de más largo aliento de la dominación haitiana, iniciada un 9 de febrero de 1822 y concluida un 27 de febrero de 1844.
Además del Código Penal, han sido mantenidos en la base del ordenamiento jurídico dominicano el Código de Procedimiento Criminal, que lo complementa y fue dejado atrás en el año 2002 con la aprobación del Código Procesal Penal (Ley 76-02, modificado por la Ley 10-15); el Código Civil y el Procesal Civil, y el Código de Comercio, que también tiene su par complementario en el Procesal Civil.
Con la separación del 27 de febrero fue expulsado el gobierno haitiano y establecida la República, pero fueron conservados los códigos, que siguieron rigiendo formalmente en lengua francesa, en la base del ordenamiento jurídico dominicano, a partir de un decreto del Congreso del año 1945.
El Código Penal fue traducido por primera vez en 1867, pero este intento de impartir la justicia penal apoyada en un código en la lengua juzgadores y juzgados, no encontró aceptación y fue abandonado, por lo que se volvió a la versión en francés.
No es fácil
Los esfuerzos actuales por la modificación del Código Penal empezaron en el siglo pasado con la introducción del proyecto de reforma por parte del entonces presidente Leonel Fernández, el 27 de febrero del año 2000.
Igual que en otros países, la inclusión del aborto electivo en el proyecto de código ha dividido a la sociedad dominicana. Tardó hasta el año 2014 en ser aprobado en el Congreso Nacional, que lo envió al Poder Ejecutivo.
El entonces presidente Danilo Medina promulgó el 19 de diciembre de aquel año la Ley 550-14 que contenía el nuevo Código Penal, tras haberlo recibido de la Cámara de Diputados con la inclusión de las tres causales.
Es conocido el destino de esta ley en el Tribunal Constitucional, que en fecha 3 de diciembre del año 2015 informó que la había arrojado fuera del ordenamiento jurídico dominicano mediante la sentencia TC/0599/15.
En diciembre el año 2016 el Congreso Nacional aprobó de nuevo el Código y lo remitió al Poder Ejecutivo, desde donde fue devuelto de nuevo, esta vez por vía del Senado, para que fueran incluidas las tres causales y desde entonces ya no hubo más aprobación.
Comisiones…
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados tiene bajo estudio el proyectado nuevo Código Penal dominicano.
Esta comisión está compuesta por Alexis Jiménez, que la preside; Ramón Mayobanex Martínez Durán, vicepresidente; Omar Fernández, secretario, y Jesús Manuel Sánchez, Sadoky Duarte Darío de Jesús Zapata, Eugenio Cedeño Areché, Santiago Vilorio, Rafaela Alburquerque, Víctor Fadul, Plutarco Pérez, Víctor Suárez, Pedro Botello y José Horacio Rodríguez, miembros.
En vista de que las denominadas “tres causales” dividen no solo a la población, sino a los legisladores, se ha optado por dejarlas fuera como una forma de conseguir que avance el proceso de aprobación del proyecto.
A mediados del mes pasado, sin embargo, los comisionados informaron que habían incluido una, cuando la vida de la madre está en peligro.
Los partidarios de las tres causales no han estado de acuerdo, ni los contrarios tampoco.
Los comisionados de la Cámara de Diputados no son los únicos que estudian el proyecto.
También lo hace una comisión de abogados designada por el Poder Ejecutivo coordinada por Jorge López Hilario e integrada, además, por Pedro V. Balbuena, Félix Tena de Sosa, Génesis Bello Taveras, Eduardo Núñez, Liyana Pavón Lugo y Yudelka Polanco Santos.
Estos comisionados del Poder Ejecutivo entregaron recientemente recomendaciones sobre 110 artículos del proyecto.
Traducido y expulsado
El Código Penal vigente es parte de los denominados Códigos Napoleónicos, que en su origen refería, específicamente, al Código Civil de 1804.
El Penal napoleónico fue promulgado en 1810. No es puro, y los historiadores del derecho dicen por qué, pero los detalles de estas impurezas, más allá de los intereses de una nota periodística, serán dejados de lado en esta ocasión.
Este y los otros Códigos de la Restauración de 1832, como también se les conoce, fueron entregados en fecha 4 de julio de 1882, bajo el gobierno de Fernando Arturo de Meriño, a una comisión de juristas a quienes se les encargó su traducción y localización.
En fecha 20 de agosto de 1884, fue promulgado el decreto ley 2274, bajo la primera administración de Ulises Heureaux, que contiene el Código Penal de la República Dominicana, actualmente con más de 80 modificaciones.
No era la primera vez que el Código Penal era traducido ni la del año 2015 es la primera expulsión que sufre del ordenamiento jurídico dominicano. En 1867 una comisión de notables tradujo el referido código del francés al castellano, pero este trabajo no encontró la aceptación necesaria para mantenerse.
La primera expulsión se produjo con la anexión del país a España, hecho ocurrido el 18 de marzo de 1861 que enterró la República.
Santo Domingo pasó a ser una provincia de España, de la que fue expulsado por primera vez el Código Penal, que entonces estaba contenido en francés, y pasó a regir en esta materia el Código Penal español.
Derrotado el ejército español de ocupación y restaurada la República, también fue expulsado el código que trajeron para la administración de la justicia penal, lo cual ocurrió a partir del 3 de marzo de 1865 con la anulación de la anexión por parte de la corona española y la salida del último soldado, el 3 de septiembre siguiente.
Los que miran el Código Penal vigente a partir de su traducción y localización de 1884 hablan de 136 años, pero en el fondo es un código de más largo aliento, si se le suman los años desde 1844, cuando fue expulsada la administración haitiana y los códigos fueron conservados, entre ellos el penal.
Importante
— Para el siglo XXI
El proyecto de nuevo Código Penal, el cual ha recorrido todas las rutas por las que puede pasar una ley (El Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo y el Tribunal Constitucional), incorpora más de 60 nuevos tipos penales.
Excepciones: el pantano del nuevo Código Penal
Debate. Si se sale a la calle y se habla con los activistas contra la despenalización del aborto en condiciones específicas o con los que promueven la inclusión de las tres causales como excepciones, se puede pensar que estos puntos nada más le conciernen a estos grupos.
Sin embargo, los comisionados de la Cámara de Diputados que estudian el proyecto de código han optado por sacar el tema como una fórmula para evitar la división entre ellos.
Entrevistados en Semana Santa en el Almuerzo de los Medios de Comunicación Corripio insistieron en que es necesaria una fórmula para sacar el nuevo Código Penal del pantano. Las tres causales los divide, dijo Lila Alburquerque.
