Santo Domingo.-Como si fuera un cantante de esos que pegan dos canciones, tienen notoriedad por un tiempo y luego se desaparecen del escenario, así mismo los casos de corrupción por sobornos en la compra de los aviones Tucano y las obras adjudicadas a la constructora Odebrecht, fueron de los primeros que adquirieron un extraordinario impacto social y mediático en República Dominicana en sus momentos, porque involucraban a exfuncionarios y legisladores de alto nivel, y por la cantidad de recursos del Estado mencionado como parte del fraude.
Estos casos tienen en común que ambos se conocieron primero en Estados Unidos, que las empresas involucradas Odebrecht y Embraer son brasileñas, ambas admitieron haber pagado sobornos en el país, además de que las investigaciones se iniciaron siendo Jean Alain Rodríguez el procurador general y las dos tuvieron que pagar multas al país.
Otro común es que han quedado absueltos sus implicados por falta de pruebas, a pesar de que el Ministerio Público ha presentado unos abultados expedientes que al parecer sólo contribuyeron a extender los procesos, pero que a la hora de la “verdad”, no demuestran las pruebas suficientes para motivar que los jueves emitan sentencias contra los imputados.
Los aviones Tucano
El caso Tucano, que se ordenó un nuevo juicio luego de que un tribunal diera por cerrado ese capítulo, tiene sus inicios en el año 2007, cuando el entonces presidente Leonel Fernández envió al Congreso Nacional el proyecto de préstamo ascendente a 4,000 millones de pesos para la compra de ocho aeronaves que serían suplidas por la empresa Embraer.
En el año 2008 los legisladores aprobaron el financiamiento entre el Estado dominicano y el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil (BNDES) y la Empresa Brasileira de Aeronáutica, S. A.
En el año 2013, siendo Francisco Domínguez Brito el procurador general de la República, se inició la investigación, y en 2017, el Ministerio Público encabezado por Jean Alain Rodríguez presentó acusación formal contra seis personas y tres compañías por supuestamente haber violado varios artículos del Código Penal.
Los involucrados eran Rafael Peña Antonio, exministro de las Fuerzas Armadas, el exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, Carlos Piccini Núñez; los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández; Ysrael Abreu Rosario y Félix del Orbe Berroa. Mientras que las empresas señaladas eran Embraer S.A., Magycorp, S.R.L. y 4D Business Group.
De los acusados, sólo Piccini fue a prisión preventiva, la cual fue variada tres años después a presentación periódica y una fianza de un millón de pesos.
El mayor general Pedro Rafael Peña Antonio se le impuso impedimento de salida y presentación periódica, mientras que, a los empresarios Daniel Aquino Méndez y su hijo, Daniel Aquino Hernández, les fueron colocados brazaletes electrónicos, presentación periódica e impedimento de salida.
Luego de varios años en los tribunales, en 2022 el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional determinó que no se pudo demostrar el pago de sobornos contra los implicados y descargó por insuficiencia de pruebas a los dos militares, mientras que absolvió al empresario Daniel Aquino Hernández y a las empresas 4D Busssines Group y Magycor.
En junio de 2023 la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anuló la sentencia que descargaba a los involucrados ordenando un nuevo juicio.
Odebrecht
El caso Odebrecht fue más complejo y también tardó años en el vaivén de los tribunales.
La empresa admitió que entre 2001 y 2014 pagó US$92 millones a congresistas y funcionarios para conseguir contratos de 17 obras.
Fue a finales de diciembre de 2016 cuando el entonces procurador Jean Alain Rodríguez anunció el inicio formal de las investigaciones. Dos días después, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) informó sobre la recepción de documentos sobre los contratos con Odebrecht.
En resumida cuenta, de más de 20 mencionados e investigados inicialmente, la lista cada día era más reducida, quedando en seis personas enviadas a juicio de fondo en el año 2020.
En octubre de 2021, sólo Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa fueron sentenciados a 8 y 5 años de prisión, pero no fueron a la cárcel.
