Santo Domingo.-Pese a que el director ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar, José Joaquín Domínguez Peña, ordenó transferir al Instituto Agrario Dominicano los terrenos de Daza Uno y Los Montones, en San Cristóbal para que se proceda a titular definitivamente a los 407 parceleros asentados en ambas comunidades, los agricultores consideran un mito la titulación, debido a que el proceso ha caído en una especie de limbo.
Ángel Darío González y Francisco Mejía, presidentes de las asociaciones Santiago Fructuoso y Cinco de Abril, opinan que en el caso particular de ellos hace 16 años que el proceso de titulación se inició y cada vez que el Gobierno designa nuevos incumbentes en el CEA o el IAD surgen nuevas trabas y tropiezos que demoran su materialización.
Mejía y González dijeron que en una visita que hicieron al director del CEA en compañía del senador de San Cristóbal, Tommy Galán, éste, al comprobar que los documentos que poseen los parceleros, incluidos títulos provisionales, están en orden, ordenó a la Oficina Técnica el traspaso de los predios para que el IAD proceda a la titulación definitiva de los 407 parceleros.
Sin embargo, señalaron que en la Oficina Técnica del CEA, en un aparente desacato a la orden de Domínguez Peña, no elaboran el informe para que la Consultoría Jurídica del CEA legalice y autorice el procedimiento de traspaso de las propiedades al IAD.
De esta situación Mejía y González culpan a los señores Madera y Wander Féliz, encargados de la Oficina Técnica del CEA.
De Madera, dijeron que su negativa a que el CEA traspase los predios al IAD es porque de un lado tienen el interés de que las parcelas se vendan a los agricultores y del otro, parte de ellas, las que están próximas al río Haina, sean convertidas en minas para la extracción de materiales.
Incluso, González y Mejía dicen tener pruebas irrefutables de esta operación, porque tienen los nombres de los “granceros” a los que ellos les han facilitado la extracción de materiales del mismo lecho del río Haina.
CEA mide propiedades
De acuerdo a González y Mejía, una muestra de que la dirección ejecutiva del CEA está interesada en el asentamiento es que ya una brigada del organismo determinó que 500 tareas corresponden al CEA y las restantes 7, 500 son las destinadas al asentamiento.
González y Mejía no se explican por qué los encargados de la Oficina Técnica del CEA, ponen toda clase de trabas y obstáculos a la titulación de los parceleros de Daza Uno y Los Montones.
Cobros por deslinde
También denunciaron que el exdirector del IAD Radhamés Valenzuela pretendía cobrar una suma millonaria por el deslinde de sus parcelas, lo que no se corresponde porque ya están deslindadas.
Consideraron que de este deslinde materializarse constituía un abuso contra un grupo de parceleros que no tienen ni en que “caerse muertos” y que no producen ni para mal alimentar sus familias.
Explicaron que el exdirector del IAD Valenzuela tenía planes de cobrar entre 50 y 70 mil pesos a cada agricultor por el alegado deslinde de sus predios.
“Imagínese, si a 407 parceleros les cobraba 50 mil pesos estamos hablando de 20 millones 350 mil pesos. Pero si lo cobraba en 70 mil pesos serían 28 millones 490 mil pesos”.
González y Mejía se preguntaron de dónde 407 parceleros van a conseguir 20 o 28 millones de pesos para pagar por un deslinde colectivo.
No obstante, González y Mejía dijeron que pese a las pretensiones de Valenzuela el deslinde no procede, porque el mismo fue hecho hace más de diez años cuando el IAD los asentó en el lugar.
Incluso, dijeron que cada parcelero, además del título provisional, posee un documento de mensura catastral.
González y Mejía dijeron que al ser desalojados voluntariamente por el Estado de sus predios en Jigüey y Aguacate y reconocerles el derecho de sus propiedades, es el Gobierno que tiene que cargar con los gastos como compensación a la permuta que hizo con los 407 agricultores y sus familias desalojadas, por lo que no procede que el Instituto Agrario Dominicano pretenda cobrarles deslinde.
