Abogados Emery Rodríguez, Santiago Rodríguez y Pedro Balbuena. Guillermo Burgos
Santo Domingo.-El equipo legal que representa al exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, insiste en el cierre definitivo del caso que se le sigue al imputado, tras alegar que este lleva más de siete meses en prisión preventiva sin que hasta el momento ningún tribunal le haya revisado la medida.
A esto se suma, según explicaron ayer los abogados, la ausencia de credibilidad y que la acusación no está bien fundamentada, ya que se limitan en un interrogatorio realizado en noviembre de 2021 a Bolívar Ventura.
En este primero, Ventura afirmó haber entregado 527 millones 634 mil 838 pesos a Fernando Crisóstomo, Mimilo Jiménez y José Arturo Ureña, sin mencionar a Peralta, mientras que en el segundo interrogatorio en diciembre del año pasado, cambió su declaración, inculpando al exministro.
El delator aseguró haberse reunido con Peralta y supuestamente recibió instrucciones suyas para entregar el dinero a través de un tercero.
“Las declaraciones dadas por el delator Bolívar Ventura en diciembre de 2022, en base a las cuales está preso José Ramón Peralta Fernández, son totalmente contradictorias con las ofrecidas en otro interrogatorio, ante los mismos fiscales, casi 13 meses antes”, indicó el equipo legal en una rueda de prensa.
En ese sentido, la abogada Emery Rodríguez hizo alusión a que en el primer interrogatorio Bolívar Ventura era investigado y, en el segundo, se convirtió en un delator premiado.
Sin causa
En tanto, el abogado Santiago Rodríguez, manifestó que Peralta es un preso sin causa y al margen de la ley porque para una persona estar en prisión se hace necesario la apariencia de delito y la participación de la persona en este, cosa que no ocurre en este caso.
Pedro Balbuena, uno de los abogados del equipo legal, sostuvo que dos declaraciones contradictorias se anulan mutuamente.
No obedece a verdad
Agregó que un proceso que se funda en una declaración dada en esas condiciones no obedece a una búsqueda de la verdad sino a motivos distintos, aunque no especificó si eran políticos o de otra índole.
Más detalles
—1— Lo que sigue
Los abogados dijeron estar a la espera de que el Segundo Juzgado de la Instrucción fije la audiencia para conocer una solicitud de revisión.
—2— Lo legal
La ley establece una revisión obligatoria cada tres meses de la prisión preventiva, por lo que los abogados califican la acción como un absurdo jurídico.
