En varias ocasiones he enfatizado que una de las principales tareas de la función de gobernar es generar consenso. Es un imperativo de la construcción de legitimidad.
Pero otro imperativo no menos importante de la construcción de legitimidad es el apego a las normas, principios y procedimientos constitucionales, que constituyen las bases de nuestro ordenamiento como sociedad y como Estado.
La decisión del presidente Danilo Medina, de observar la ley que crea el parque nacional loma Miranda es un ejercicio de responsabilidad gubernamental. Y, desde el punto de vista constitucional, es correcta.
Es, en este momento, una disposición impopular, toda vez que la oposición de amplios sectores sociales y de opinión a la explotación minera de la zona impulsó la colocación en la agenda pública del reclamo de que ésta sea convertida en parque nacional.
Existen estudios técnicos que rechazaron tanto la propuesta como el estudio de impacto ambiental presentados por la empresa que ostenta la concesión de exploración minera del área.
Sobre la base de estos estudios el Ministerio de Medio Ambiente rechazó la concesión del permiso de explotación del área. Lo que ha sido ratificado en la disposición presidencial.
Habría sido políticamente rentable, en términos de popularidad, acoger la decisión de las cámaras legislativas, pasando por alto objeciones muy serias desde el punto de vista de la seguridad jurídica y otros principios constitucionales.
Pero gobernar es ejercer responsabilidad. Esto implica aceptar las discrepancias, pero atreverse a ser impopular cuando parte de la opinión pública ha adoptado o impulsa una decisión que contraviene a parte fundamental de nuestro ordenamiento jurídico.
Loma Miranda no ha sido ni será entregada a la depredación.
Seguirá protegida por las exigencias de validez legal y viabilidad técnica, ambiental y social. Pero no procede su declaración como parque nacional contraviniendo nuestra Constitución. Evitarlo es un ejercicio de responsabilidad.
