Lockward, de caso Calamar, desestima demanda en nulidad

Lockward, de caso Calamar, desestima demanda en nulidad

Lockward, de caso Calamar, desestima demanda en nulidad

Ángel Lockward desestimó demanda en nulidad de informe.

El abogado Ángel Lockward, imputado en el caso Calamar, desestimó la demanda en nulidad del informe realizado por los auditores de la Contraloría General con relación al pago de expropiaciones.
Por esta razón el Ministerio Público solicitó a los jueces del Tribunal Superior Administrativo (TSA), el archivo definitivo de dicha demanda.

La fiscal adscripta a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Rosa Alba García, dijo que el Ministerio Público hizo el pedimento por el desistimiento formal realizado por los demandantes el pasado 3 de abril de 2023.

“Concluimos solicitándole al tribunal que ordenara el archivo definitivo del expediente de la demanda en responsabilidad patrimonial en contra de los miembros de la Unidad Antifraude de la Contraloría General”, explicó la fiscal García.

En tanto, el TSA, presidido por el juez Antonio Mejía,  se reservó el fallo para una próxima audiencia.
El informe rendido por la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República en septiembre del 2021 establece que los investigados estafaron al Estado con más de 17 mil millones de pesos a través de expropiación de compraventa de terrenos.

Ante los hallazgos y en un intento infructuoso por detener la investigación del Ministerio Público, Lockward sometió un recurso contencioso-administrativo, con el que solicitó la nulidad del informe preparado por auditores de la Contraloría General de la República sobre el pago de expropiaciones.

Se trata de los imputados que figuran en el expediente de corrupción que involucra a tres exministros del gobierno de Danilo Medina, al jurista Lockward y a otras personas del caso Calamar, quienes cumplen medida de coerción hasta que el Ministerio Público termine con las investigaciones.

Cantidad

19 mil millones de pesos.
Es el monto del defalco atribuido en la investigación a los imputados del caso Calamar.