El escándalo de corrupción que ha estremecido a la sociedad dominicana en torno al Seguro Nacional de Salud (SENASA) constituye apenas la punta de un iceberg cuya enorme masa irá golpeando los cimientos del poder político en la medida en que se aproxime el fin de la administración del presidente Luis Abinader.
Gracias a la consistente retórica gubernamental puesta en marcha durante los últimos cinco años, estrategia financiada con la erogación de miles de millones de pesos procedentes del erario, el flagelo ha quedado oculto casi por completo; esto ayudado por la inacción de los órganos fiscalizadores y de un Ministerio Público que ha girado su rostro para no ver la corruptela del Partido Revolucionario Moderno (PRM) desde que se instauró en la dirección del Estado, el 16 de agosto de 2020.
El crimen de lesa humanidad de SENASA resultó ser tan grosero que no hubo forma de que las autoridades de la Procuraduría General de la República pudieran mantenerse en silencio, en virtud de que la sociedad estaba vigilante desde el momento en que estalló el escándalo sin precedente en la historia del país.
Sin embargo, es vox populis que decenas, por no decir centenares de casos, se ocultan bajo el manto de la impunidad.
Lo cierto es que no pasa desapercibida la actitud contemplativa del Ministerio Público frente a comportamientos corruptos actuales, contraria a la agresiva del pasado reciente vinculantes a las dos últimas administraciones gubernamentales.
Naturalmente, ese es el precio que pagan las sociedades caracterizadas por bajos niveles de calidad de la educación y débiles en términos institucionales.
Hoy se puede afirmar que la corrupción administrativa, en sus modalidades pública y privada, se ha interiorizado en el cuerpo de la sociedad dominicana como una especie de cáncer contra el cual no están funcionando adecuadamente las terapias que se administran, en especial desde la esfera gubernamental.
El Ministerio Público, y hasta parte de la justicia, han terminado siendo cómplices de ciertas acciones que, en determinados momentos, se han cubierto bajo la sombra del poder político dominante.
En el caso de las actuales autoridades, han sido reiterativas en recurrir a la retórica política para el abordaje de prácticas del presente sospechosas de corrupción. Hasta hace poco, el propio presidente Abinader había asegurado que su gobierno mantiene un mensaje claro de “cero tolerancia” respecto al referido mal.
Del dicho al hecho, no obstante, hay mucho trecho, según el refrán. La teoría no parece compadecerse exactamente en la realidad en materia de prevención y persecución de la corrupción administrativa. En el imaginario de muchos dominicanos existe el convencimiento de que ahora hay más corrupción que en el pasado.
Existe una larga lista de exfuncionarios destituidos, suspendidos y renunciantes que se apartaron o han sido excluidos del Gobierno por múltiples situaciones, algunas presuntamente corruptas, sin que se moviera la acción pública para agotar, al menos, la fase de investigación que sugieren las prácticas éticas elementales.
El primer caso fue el de Kinsberly Taveras, designada ministra de la Juventud. Taveras tomó licencia en diciembre del 2020 cuando la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa abrió una investigación por la fortuna superior a los 100 millones de pesos que hizo en su declaración de patrimonio. Luego renunció. Fue electa diputada del PRM en representación de la provincia Santo Domingo.
En medio de la hipocresía oficial en relación con la lucha contra la corrupción, el caso SENASA apenas representa la punta del iceberg.
Con el tiempo vendrá la costumbre de ir a la cama con ropas, por si acaso.
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