En el constante debatir de cómo aumentar la eficiencia recaudadora fiscal como mecanismo de compensación por la falta de una reforma fiscal amplia que abarque en primer lugar a eficiencia y raciocinio del aparato público, atestado de botellas y beneficios colaterales que no se corresponden con la realidad del país, ha surgido una iniciativa que procuraría limitar el uso de los comprobantes fiscales.
Cabe preguntarse si este mecanismo de registro de gastos realmente se instauró para que la autoridad fiscal pudiera contabilizar fielmente las ventas de personas y empresas, o si el mismo surgió como forma persecutoria del contribuyente.
En un país donde se llama a concurso para comprar los ingredientes de la habichuelas con dulce (que por suerte se revocó) o donde legisladores y otros poderes del Estado abogan por mejores pensiones siempre y cuando puedan mantener sus privilegiados beneficios, hay que saber que la mayor prioridad está en la ampliación de la base de contribuyentes, y no en perseguir a los que ya están incorporados.
Y esto porque para realizar una deducción del Itebis aplicado, hay que primero cumplir con los reportes requeridos por la autoridad fiscal.
Frente al nivel de gastos superfluos públicos, como es el desbordamiento publicitario a nivel del gobierno central y la mayoría de sus instituciones, el ciudadano que forma parte del sector formal de la economía, esa casi mitad de la población que está registrada y presenta sus declaraciones, se tiene que preguntar por qué limitar comprobantes reales que cubren bienes y servicios declarados, para imponérsele nuevas limitaciones.
No sería preferible trabajar para que esa más de la mitad de la población económicamente activa en la informalidad sea incorporada a la base tributaria, o que se limiten gastos públicos innecesarios, superfluos y banales. Hay propuestas que en la actualidad socioeconómica dominicana no hacen sentido.
La limitación de los comprobantes fiscales es una de ellas.
