Santo Domingo.- Líderes de la Justicia de 21 países de América Latina, de Europa y Estados Unidos se comprometieron este jueves a promover la adopción de políticas, estrategias y programas de justicia abierta en las instituciones, con metas, indicadores y presupuestos claros, elaborados de manera participativa e inclusiva.
En el marco de la Primera Conferencia Internacional de Justicia Abierta, los firmantes de la Declaración de Santo Domingo asumieron su “compromiso histórico” para impulsar el fortalecimiento de la democracia y la transparencia en el sector justicia de la región, destacó el Poder Judicial dominicano en un documento.
Entre esos compromisos se incluyen alentar la inclusión de la perspectiva de igualdad de género e interseccionalidad incorporando en los programas de justicia abierta enfoques diferenciales que atiendan las necesidades de mujeres, población LGBTIQ+, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, personas con discapacidad, víctimas, adultos mayores, juventudes, migrantes y otros grupos históricamente marginados.
En ese orden, los representantes se comprometieron a promover y priorizar la adopción de marcos normativos y políticas públicas que faciliten y contribuyan a la implementación de iniciativas y reformas de justicia abierta con sus correspondientes asignaciones presupuestarias.
También, procurar recursos humanos, financieros y técnicos -internos y de cooperación internacional- para proyectos innovadores en materia de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en el sector justicia. En el encuentro de dos días participaron delegaciones de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, República Dominicana y Venezuela.
Otros aspectos de la declaración destacan aprovechar y desarrollar capacidades y conocimiento en las organizaciones de la sociedad civil y la academia para la promoción y cocreación de iniciativas, políticas y proyectos de justicia abierta.
Asimismo, alentar la medición y difusión del progreso de las políticas de justicia abierta mediante indicadores comparables y evaluaciones independientes abiertas al escrutinio público, e informes periódicos en formatos abiertos.
El documento exhortó a todos los actores de la sociedad civil de la región a sumarse a esta agenda, “convencidos de que una justicia abierta, independiente, íntegra, eficaz e inclusiva, centrada en las personas, es condición esencial para el fortalecimiento de las democracias y el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe".
Para dar seguimiento a los acuerdos se constituyó un Comité Regional de Justicia Abierta (CRJA) integrado de manera paritaria por poderes judiciales, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, con el respaldo y acompañamiento de la Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA).
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EFE
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