Periodista Luis García
El arquitecto, escultor, pintor y poeta italiano Miguel Ángel afirmó en una ocasión que “la perfección no es cosa pequeña, pero está hecha de pequeñas cosas”.
Aunque ni siquiera en términos ideales la especie humana está dotada para alcanzar la perfección, se trata de una aspiración por la que toda sociedad debería luchar permanentemente.
En la posmodernidad, los Estados que más se aproximan a este sitial son aquellos que gozan de instituciones sólidas, las cuales les sirven de plataforma para el logro del bienestar colectivo.
Esas sociedades comenzaron haciendo las cosas pequeñas: gobernantes, cumpliendo el mandato de respetar los derechos de sus gobernados y estos asumiendo sus deberes convencionalmente establecidos. Se trata de una especie de contrato social
En este contexto, cabe referir y, quizás, releer “El Contrato Social”, título de la obra clásica del francés Jean Jacques Rosseau, publicada en 1762.
En esencia, en ella se plantea que, para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato social implícito que les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de la que dispondrían en estado de naturaleza.
Esto significa que los derechos y los deberes de los individuos constituyen las cláusulas del contrato social en un escenario en el cual el Estado representa la estructura fundamental para liderar el cumplimiento de este.
Todo este preámbulo es para observar cómo en la República Dominicana sucede lo contrario, proyectando un símil del atraso y de carencia de institucionalidad, que se expresa en diversos ámbitos del quehacer social.
Hace un par de semanas pude comprobarlo al ver cómo el Club Atlético Licey se burló olímpicamente del Instituto Nacional de Defensa de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), una institución que va en franco proceso de involución institucional.
El acuerdo se produjo entre quien suscribe y el referido equipo tradicional del beisbol luego de que presentásemos una denuncia por la negación del derecho de renovación de cuatro asientos de palco A para el Round Robin en lo que restaba de la actual temporada, ya que se usufructuaron durante la Serie Regular. Pro Consumidor, entidad creada por ley para velar por los derechos de los consumidores, convocó a una vista de conciliación en la que las partes firmaron, libremente, el acuerdo para la renovación de los abonos.
No obstante, inesperadamente y sin justificación alguna, el Club Atlético Licey anunció públicamente que lo desconocía, sin que la entidad oficialmente hiciera nada para el cumplimiento de lo pactado.
El silencio ha sido la respuesta ante la violación. Resulta evidente que en la institución estatal ni se sueña con comprender que, como mínimo, hay que cumplir con las cosas pequeñas. Pero no todo está perdido; hubo medios de comunicación y periodistas que asumieron con responsabilidad ética el tema, más allá de las presiones, aportando a la construcción de una sociedad justa.
Ninguna nación podrá avanzar significativamente en lo económico, político, social y cultural, si la agenda institucional se mantiene rezagada, atribuible a que una parte de la administración pública esté conformada por funcionarios producto del favor político y no de la capacidad para ejercer adecuadamente las funciones para las cuales fueron designados.
Actualmente se requiere de recursos humanos con conciencia moral, debido a que esta se erige en el fin último de la condición social.
La realidad es que ciertamente el Club Atlético Licey se burló de Pro Consumidor, pero no de una sociedad que va generando conciencia moral y que, en el momento preciso, sabrá obrar contra los violadores de la ley.
