Altagracia Suriel
Una de las grandes conquistas de la humanidad es la libertad en sus diversas manifestaciones: libertad de opinión, expresión, asociación y creencias religiosas.
Las libertades son el estandarte y el sostén de la democracia como bien lo defienden los padres de la democracia en la doctrina del liberalismo político de John Locke y Juan Jacobo Rousseau y otros tantos.
A propósito de la judicialización de la obligación de presentar la tarjeta de vacunación para acceder a lugares públicos, hay que considerar que muchas veces el derecho a la libertad entra en conflicto con otros derechos absolutos o “prima fase”, como es el derecho a la vida.
En la solución a este conflicto confluyen la racionalidad política y la jurídica. Como diría Carlos Santiago Nino, existen «casos en los que el conflicto de derechos no puede disolverse o resolverse y no hay más remedio que optar entre los derechos en conflicto”.
Cuando el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la vida y a la salud generan contradicciones, lo ético y mejor para la sociedad es decidirse por el bien mayor: la protección de la vida.
El fin de la política es proteger el bien común. La salud hay que resguardarla. Este bien colectivo está siendo socavado por el Covid-19, una enfermedad contagiosa y letal para todos, en especial para personas de alto riesgo con precondiciones crónicas que los convierten en más vulnerables a la muerte.
Ya en el país se han superado las 4,000 muertes y más de 377 mil contagios por Covid-19. Esto demuestra que la pandemia no es una conspiración o un invento de las élites para controlar a la población con el confinamiento y el miedo. El Covid-19 mata, y mata rápido. La variante Delta es tan letal que en 5 días puede acabar con la vida de alguien que no esté vacunado.
Hay que vacunarse y demostrar que se está vacunado para cuidar al otro y frenar la pandemia. La obligatoriedad de presentar la vacuna no es dictadura, es protección de la vida de todos. Tomar esa medida es una necesidad. Siempre previniendo la arbitrariedad o el abuso que se pueda derivar de su aplicación.
