En las últimas semanas se ha hablado con insistencia sobre el proyecto de ley aprobado por el Senado que procura sustituir la Ley NO. 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento.

No es el único que estudia el Congreso, pero es el que más ha avanzado en el trámite legislativo.

Propuesto por una senadora oficialista, ha sido objeto de múltiples críticas por quienes entienden que es excesivamente represivo, que limita la libertad de expresión y dificulta el trabajo de la prensa.

Llevan razón los preocupados porque la libertad de expresión es la savia de la democracia. Sin el derecho de expresar abiertamente nuestros pensamientos, sentimientos e ideas, la libertad no es posible. Por esto, la protección de la libertad de expresión es, al mismo tiempo, protección de la democracia.

En nuestro ordenamiento jurídico la libertad de expresión va de la mano con el derecho a la información; juntas, son una de las más importantes herramientas de los ciudadanos para ejercer control sobre el Estado.

Esa ha sido la línea jurisprudencial constante del Tribunal Constitucional desde la Sentencia TC/0042/12 del 12 de septiembre de 2012.
Es cierto que estos derechos tienen como límite el honor y la intimidad de las personas, pero cualquier regulación debe ser equilibrada y estar conteste con los principios y valores constitucionales.

No existe, en puridad, el derecho a que no se digan cosas que desearíamos no ver aireadas, o que nos disgustan. Cuando se trata de conflictos entre particulares, no es lo anterior lo que puede limitar la libertad de expresión, sino sólo una vulneración grave e injusta en el honor o la intimidad. No es lo mismo.

Resulta incontestable que la Ley NO. 6132 necesita adecuarse a los tiempos y normas actuales. Pero por la naturaleza misma de lo que pretende regular, un proyecto de ley sobre libertad de expresión debe ser objeto de un amplio consenso social. Debe llamarse a los ciudadanos, a los periodistas, a los dueños de medios, a todos. Sólo un proyecto con esas condiciones podrá prosperar.