Los afanes compartidos por los sectores privado y público para reactivar la economía, lacerada por la pandemia, poseen un punto de conexión innegable: la creación de empleos.
Desde antes del cambio de gobierno se venía discutiendo sobre la necesidad de modernizar la legislación laboral.
Empleadores anhelan abaratar el costo de crear nuevos empleos formales; líderes sindicales creen que modernizar el Código de Trabajo podría significar que muchos empleados pierdan derechos adquiridos.
El desbarajuste por el Covid obliga a repensar antiguas prioridades. Antes, crear un empleo costaba tanto que desincentivaba abrir nuevas plazas formales, desestimulaba compensación transparente e impedía el ingreso a la economía formal de cientos de miles de negocios.
Ahora quizás sea peor, obligando a disimular la producción en la economía informal o subterránea, que no paga impuestos ni tiene acceso a crédito bancario.
Urge legislar para mejorar el Código y crear nuevos y mejores empleos. Si no liberamos la fuerza creativa de miles de emprendedores marginados y ninguneados, para formalizar sus negocios sanamente sin espantarlos, difícilmente saldremos del lío.
