Quienes hacen opinión pública, llámense comunicadores sociales, asociaciones gremiales, políticos, sociedad civil o bajo cualquier otro título, vienen reclamando el conocimiento, debate y aprobación de una serie de leyes, cuya promulgación aseguran contribuirá a una mejor nación.
Tal es el caso de los recientes pronunciamientos de la Asociación de Jóvenes Empresarios ANJE, de la cual una vez fui uno de sus dirigentes, quienes reclaman una Ley de Responsabilidad Fiscal que establezca consecuencias sobre las omisiones y desviaciones con los cuales se administran los fondos públicos, que nos imaginamos también se refiere a todos los poderes del Estado, no tan solo al Ejecutivo.
A las voces de quienes piden la aprobación de la Ley de Partidos Políticos, se suma la de la Junta Central Electoral, quienes con proyecto propio, procuran mayor transparencia, funcionalidad y capacidades de rendición de cuentas a los entes políticos que hemos escogido en este denominado sistema democrático. Proyecto de ley adversada desde el mismo Congreso.
Y así observamos el ir y venir con un nuevo Código de Trabajo, los intentos por levantar la discusión de la actualización legal del régimen de seguridad social, y la cantidad de iniciativas surgidas de manos de legisladores, sus partidos, fuerzas sociales y de la propia ciudadanía.
Lo que no observamos son las voluntades para hacer cumplir el legajo enorme de leyes vigentes, que muchas veces provocan el sentimiento del cuestionamiento: ¿para qué más leyes si somos incapaces de exigir y hacer cumplir el sinfín de leyes que ya tenemos?
Un poder judicial, ennoblecido en sus cúpulas, pero defectuoso en sus bases, donde abundantes tecnicismos logran innumerables aplazamientos al proceso de justicia. Procesos dilatados que acogidos a insuficiencia de pruebas o fallos procedimentales, logran liberar a sicarios, narcotraficantes, o criminales de cuello blanco. Más que nuevas leyes, insistimos en la necesidad de hacer cumplir las ya existentes.
