Desde muchos años hemos sido favorecedores, al igual que muchas otras instituciones y forjadores de opinión, de que en el país exista una ley de responsabilidad fiscal. Esto es, un marco fiscal transparente y con consecuencias, que tenga como objetivo un adecuado manejo de los activos y pasivos públicos bajo un enfoque de riesgos fiscales. Con ello se lograría una evaluación constante y la toma de decisiones a tiempo para evitar déficits fiscales y el uso óptimo de los recursos públicos.

Sin embargo, a lo largo del tiempo hemos observado que tal tipo de ley sólo es efectiva si el Estado se reviste de funcionarios y gestores públicos que tengan el bienestar común por encima de sus apetencias personales o de grupos políticos.

Cuando el partido de gobierno controla las cámaras legislativas, este marco legislativo es a menudo vulnerado por los deseos de un gasto incontrolable o la falta de reformas al marco de los ingresos fiscales.

Tal es el caso constante que vemos en Estados Unidos de Norteamérica, donde existe una legislación que fija un tope al endeudamiento público y el presidente apela muy a menudo a que el mismo sea aumentado. Como el partido de gobierno no controla el legislativo, se vive en un constante clima de tensión llegando en ocasiones al abismo de la crisis económica y el posible incumplimiento de sus compromisos financieros.

En el país sucede lo contrario. Vivimos año tras año presentando presupuestos con déficits fiscales que son aprobados por el Congreso, permitiendo con ello un aumento constante de la deuda pública y los riesgos financieros que trae consigo. A esto se le suma un gasto fiscal que muchas veces en vez de multiplicar el bienestar social, representa un aporte social nulo, dispendioso, populista y partidario.

La nación necesita, con mayor premura que una ley de responsabilidad fiscal, más representantes públicos con alto sentido de los valores morales y éticos. Crear nuevas leyes de control y prudencia en el actual marco histórico de gobernanza sería un ejercicio inútil para tener como resultado una legislación irrelevante.