Ley de referendo camino a perimir por tercera vez últimos cuatro años

Ley de referendo camino a perimir por tercera vez últimos cuatro años

Ley de referendo camino a perimir por tercera vez últimos cuatro años

El proyecto de referendo fue aprobado por la Cámara de Diputados en primera lectura en enero de este año.

SANTO DOMINGO.-Aunque relegado a un tercer plano y sin la atención que le roban iniciativas como el Código Penal o la modificación constitucional, el proyecto de Ley referendo, podría convertirse a mediano plazo en el punto de giro que determine el rumbo del país en relación con temas como el aborto, el origen de la vida, la discriminación por orientación sexual y el matrimonio igualitario.

La sola mención de estos temas desata pasiones polarizadas y aunque la Constitución actual es clara en cuanto a los mismos, los proyectos de ley que lo tratan aunque sea levemente como es el caso del Código Penal, se estancan sin posibilidad siquiera de dejar que sean las mayorías que decidan.

Traslado de discusión
Así es como, muchas de estas luchas serán trasladadas a la próxima reforma de la Constitución sin importar que los mismos no formen parte de las prioridades del Poder Ejecutivo.

Ayer, el diputado Ramón Ceballos respondió afirmativamente cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con que se modificara el artículo 37 de la carta magna que consagra el derecho a la vida como inviolable desde la concepción y hasta la muerte.

“La Constitución hay que modificarla porque fue hecha a imagen y semejanza del expresidente del Tribunal Constitucional, de Miguel Vargas y de Leonel Fernández”, dijo Ceballos hablando de las causales del aborto, con las cuales se identifica. Y aquí, es donde debe entrar en escena el referendo consultivo, que dista mucho de ser un adorno populista.

Mandato superior
El artículo 272 de la Constitución, indica que cuando la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda, y sobre los procedimientos de reforma instituidos, se requerirá de la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral, en referendo aprobatorio.

En su párrafo III, el texto indica que si el resultado del referendo fuere afirmativo, la reforma será proclamada y publicada íntegramente con los textos reformados por la Asamblea Nacional Revisora.

Es decir, si los derechos fundamentales son tocados en la reforma constitucional, poco importará la distribución de las mayorías legislativas que, en este caso, favorecen al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y deberá consultarse a la población.

Tránsito legislativo
¿El problema?, no existe una ley de referendo.
Una primera propuesta llegó desde el Ejecutivo en marzo del 2021 pero perimió.
Una segunda iniciativa fue asumida por los mismos diputados en septiembre del 2022, pero igual falleció por inacción.

La tercera de las propuestas, fue retomada por Julito Furcal del PRM en agosto del 2023, iniciando su recorrido legislativo un mes después y logrando aprobación para enero de este año con 99 votos a favor.

A partir de allí, el proyecto retornó a la Comisión de Desarrollo Humano que preside José Horacio Rodríguez, y todo parece indicar que perimirá por tercera vez cuando cierre la legislatura a finales de julio.

Se trata de un proyecto de corta extensión en cuanto a su redacción y forma parte de las leyes no aprobadas que ordena la Constitución.

Tipos de referendo

— Desglose
La propuesta segmenta el referendo en dos modalidades, una consultiva y la otra aprobatoria. Participarían todos los registrados en el padrón electoral y el mismo sería organizado por la Junta Central Electoral.

Se exige que el 30% población participe

Mandato. El referendo aprobatorio aplicará para modificaciones constitucionales que versen sobre derechos fundamentales y requerirá más de la mitad de los sufragantes y al menos el 30 % del total del padrón participando. Los votantes se expresarán por un “SÍ” o por “NO” por cada propuesta de reforma aprobada por la Asamblea Nacional Revisora.
Instruye al Ejecutivo, así como a los gobiernos municipales, a establecer alianzas con organizaciones de la sociedad civil para realizar procesos de formación en derechos fundamentales, mecanismos de participación y realización de foros.