SANTO DOMINGO.-Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), las mujeres y personas con discapacidad, tendrán prioridad en la nueva ley de Compras y Contrataciones, que también tendrá el mandato de favorecer la producción nacional de bienes y servicios.
El anteproyecto sometido ante el Senado por el Poder Ejecutivo para modificar la ley, explica que deberán desarrollarse acciones para promover la participación en las contrataciones públicas de las Mipymes, reconociendo su limitada capacidad financiera y tecnológica, con el objetivo de elevar su capacidad competitiva, así como de las mujeres, personas con discapacidad y otros sectores vulnerables.
Contempla que no se considerarán violaciones a la ley las condiciones fijadas en los procedimientos de selección y para la ejecución de los contratos resultantes, que tengan como objetivo fomentar la inclusión de sectores vulnerables en la actividad económica del país.
Al momento de realizar su formulación presupuestaria, las instituciones contratantes deberán reservar el 30 % de las partidas asignadas para contrataciones, para procedimientos de contratación destinados exclusivamente para micro, pequeñas y medianas empresas, distribuido en un 20 % para las mipymes en general y 10 % mipymes de mujeres.
Modalidades
El director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, explicó que en el anteproyecto se contemplan modalidades de contratación como licitación pública, licitación pública abreviada, subasta inversa, sorteo de obras, contratación simplificada, contratación menor y contratación directa sujeta al umbral.
Indicó que con la nueva ley se busca la simplificación de trámites, eficientizar la contratación de bienes, servicios y obras, fomentar la contratación electrónica y apoyar a los sectores productivos nacionales, entre otros.
El abogado y experto en el tema de compras y contrataciones, Ricardo Hernández, explicó algunos puntos del proyecto, considerando excesiva la protección que otorgaría la ley al director de Compras y Contrataciones, que será designado por cuatro años; puede ser renovable y, adicionalmente, será inamovible una vez posicionado en el cargo.
“Me parece excesiva esa protección, ya que es una dirección general adscrita a un ministerio (Hacienda) que forma parte del Poder Ejecutivo y el presidente siempre debe tener potestad de designar a su titular en el momento que lo considere”, señaló Hernández.
Violación a la ley
— Sanciones
En el anteproyecto se contemplan sanciones administrativas para proveedores del Estado, inhabilitación temporal de 1 a 5 años, inhabilitación permanente y multas que van de 10 a 100 salarios mínimos del sector público.
