En nuestro esquema político de separación de poderes, al Legislativo le corresponde un rol decisivo que en muchas ocasiones deja a la población consciente muy insatisfecha.
Esto porque se legisla demasiado lo innecesario, tipificado por reconocimientos, declaraciones de días especiales, homenajes, discusiones políticas, etc. Y por otro lado se observan pocas iniciativas y profundidad en cuanto a legislaciones fundamentales para el desarrollo de la nación.
Como ejemplo tenemos en primer lugar la ley de presupuesto, sobre la cual mucho se ha escrito, tanto por la posible subestimación del precio internacional del petróleo y sus secuelas, como por la sobreestimación de ingresos y la falta de una reingeniería capaz de disminuir los gastos corrientes y lograr una mayor eficiencia en la gestión del estado.
Ojalá el Congreso no siga la ruta del sello gomigrafo y podamos ver iniciativas consensuadas que contribuyan a fortalecer la función de instrumento de desarrollo que debe ser el presupuesto.
En segundo lugar tenemos la necesaria ley de alianza público privada que facilite la inversión privada, nacional y extranjera, eliminando cabildeos e incertidumbres.
Con ella se facilitaría la complementación de la acción de la inversión pública, siempre y cuando contenga la necesaria transparencia y los requerimientos técnicos mínimos que permitan que los proyectos sean administrados de la mejor manera al menor costo, siempre que sean financieramente viables.
En tercer lugar tenemos la ley de residuos sólidos, que facilitaría a empresas reducir su huella de carbón y ahorrar el uso de combustibles, tal y como recién planteó la empresa Cemex Dominicana.
Como vemos, al Poder Legislativo le corresponden acciones decisivas con las cuales complementar las acciones del Poder Ejecutivo, y ejerciendo sus funciones cabalmente podría pasar en la apreciación pública de un papel denostado a un puesto envidiable por el bien que provocarían sus iniciativas y decisiones.
