Treinta y siete años tras suicidarse Antonio Guzmán, 43 días antes de concluir su período presidencial en 1982, luce ridículo o insignificante el recuerdo de la alegada corrupción, que nunca fue demostrada, atribuida a sus más íntimos colaboradores por la facción del PRD del entonces presidente-electo Salvador Jorge Blanco.

Igualmente al concluir este último su desafortunado gobierno en 1986, la maledicencia no solo destruyó su desgastado prestigio, sino que su juicio por corrupción le valió una condena penal.

En ambos casos, sus propios compañeros de partido contribuyeron o fueron los mayores responsables de la desgracia política de esos presidentes.

La manera alegre de hacer política mala es ilustrada por lo que dijo Peña Gómez horas después de muerto Guzmán: “Se suicidó tras descubrir corrupción en su administración y sufrir la traición de íntimos colaboradores”; no ofreció la menor evidencia ni prueba.

Hoy los escándalos por corrupción son de una magnitud que aquella de antes es casi risible. La historia enseña las consecuencias de exacerbar denuncias sin fundamento. Y de la impunidad.