La política es una de las actividades humanas más ingratas. No conozco ningún presidente en mis 68 años de vida que no haya padecido el amargo desengaño de la traición de gente en quienes confió. Recientemente el presidente Abinader confesó que ha sido decepcionado y traicionado por allegados, al referirse a la corrupción.
Al parecer es inevitable, en países como el nuestro, que políticos designados para funciones públicas sean tentados por la facilidad para enriquecerse corrupta e impunemente. Quizás es más fácil atacar con macana legal a la impunidad que a la corrupción.
El interés de Abinader en adecentar la administración pública es notable. El World Justice Project recién reconoció el liderazgo dominicano en la mejora de la Justicia. En su clasificación mundial, en 2025 el país avanzó once posiciones y entre 2021 y 2025, subió 21 posiciones, el mayor incremento con un alza de 5.4 %, en contraste con una caída de 1.8 % en el resto del mundo en el índice de calidad judicial.
Sin embargo, pese al reconocimiento de los avances en la judicatura, es notorio que la cacareada independencia del Ministerio Público es un lindo propósito sin logros significativos en cuanto a sentencias ejemplares en casos de corrupción o responsabilidad culposa como en los casos de Jet Set, la explosión de San Cristobal o el fuego de La Vega.
Los procuradores fiscales son excelentes propagandistas de alegadas intenciones, como prueba la prensa, pero muestran penosa inefectividad para lograr justicia o decisiones que destruyan la impunidad. Entiendo que un jefe de Estado que nombra al Ministerio Público puede exigirle lealtad al ideal de Justicia sin que vulnere la independencia estatuida y declarada.
La debilidad selectiva de los fiscales es una suprema deslealtad a la patria, a la Constitución, al estado de Derecho y al presidente de la República.
