Frederich E. Bergés
Cuando se habla en nuestro país de lavandería, todos entienden que se está hablando de blanqueo de dinero, esto es, convertir dineros provenientes de actividades ilícitas en dineros no cuestionables en su origen.
La propia Ley 155-17 denominada Contra el Lavado de Activos y Actividades Terroristas, tipifica el llamado lavado de activos, las infracciones y las sanciones aplicables.
Muchos coinciden en el común creer que la actividad de lavados en el país, sean estas provenientes de drogas, tráfico humano o sobornos, entre otros, benefician la economía.
Ello es así por cuanto existe la convicción en muchos de nuestros conciudadanos que al lavar dineros se impulsa las construcciones, y el consumo de bienes suntuarios, vehículos y otros elementos que estimulan el comercio.
Olvidan en primer lugar que lo que se “lava” realmente en el caso de las drogas son los beneficios, ya que el costo entra y sale del país en su venta y posterior compra para reponer inventarios.
En el caso del tráfico humano por igual, ya que es mercancía de carne y huesos que debe comparase, y los sobornos de donde salen son de nuestros propios bolsillos, que bien pudiera usarse para el bien común y no el benéfico particular del sobornado.
Se nos olvida que el objetivo fundamental es la maximización de dichos benéficos al evitarse la contribución fiscal, amén de la detección de lo ilícito de la actividad que les dio origen.
Y con ello escondemos los valores morales que nos dan sostén como sociedad, erosionando el lavado las fibras éticas que nos unen.
Además ya hoy en día, con los controles que existen en el sistema financiero, el lavado requiere o la colaboración activa de alguna entidad, o más común, un submundo que transa sus operaciones en efectivo para evitar la detección.
Lo cierto es que el lavado de activos lejos de beneficiar al país, se constituye en una de sus mayores amenazas, tanto por el deterioro social que trae consigo como por la perversidad que da origen a su necesidad.
