«Deporter in Chief» (Deportador en Jefe). Ese es el apodo que las organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes, que trabajan para que salga adelante una reforma migratoria en Estados Unidos, le han puesto al presidente Barack Obama.
Y es que desde que Obama llegó a la Casa Blanca en enero de 2009, alrededor de dos millones de indocumentados han sido expulsados del país, más que durante cualquier otra presidencia en la historia de la nación norteamericana.
El mandatario se ha defendido asegurando que lo único que está haciendo es cumplir la ley y ha culpado a los republicanos de que -en contra de lo que él mismo había prometido a sus votantes de origen hispano- el Congreso de su país todavía no haya aprobado una reforma.
Pero detrás de las maniobras y los intereses políticos, se encuentra la historia de los miles de hogares que deben hacer frente a la realidad de que uno de sus miembros haya sido deportado.
Los cifras oficiales indican que en muchos casos los que son expulsados del país son padres de familia que sostienen económicamente a los suyos y que, al abandonar a la fuerza en núcleo familiar, dejan a sus esposas e hijos a su suerte.
Ello hace que el precio de la desintegración de las familias lo acaben pagando las mujeres, que deben enfrentar las penurias económicas y el estrés emocional que conlleva perder a sus maridos y tener que hacerse cargo ellas solas de sus hijos.
«Consecuencias nefastas»
«No hay duda de que las deportaciones tienen consecuencias nefastas para las mujeres y sus familias», asegura Tanya Golash-Boza, profesora de sociología de la Universidad de California-Merced.
Los deportados dejan sin querer a sus esposas e hijos a su suerte.
Golash-Boza lleva años investigando el impacto que la expulsión de los indocumentados tiene en los núcleos familiares.
Según un estudio que elaboró recientemente en base a datos del Departamento de Seguridad Interior de EE.UU., cerca del 90% de las personas que son deportadas en el país son hombres, de los que el 97% provienen de América Latina y el Caribe.
«En muchos casos estamos hablando de familias en las que el hombre es el único que gana dinero. A veces la mujer trabaja, pero no siempre es lo habitual, ya que a menudo el sueldo de un hombre es suficiente para sustentar a la familia», apunta la experta.
«Cuando deportan a los hombres, sus esposas no pueden mantener solas a sus hijos y muchas veces se ven obligadas a abandonar sus casas para mudarse a apartamentos que comparten con otras familias».
«Luego los hijos sufren las secuelas psicológicas por la pérdida del padre. A veces deben ponerse a trabajar para ayudar a sus madres, lo que afecta su rendimiento en la escuela».
Según Golash-Boza muchas familias acaban dependiendo de las ayudas sociales que les proporciona el mismo gobierno que les ha quitado a sus padres, «ya que el dinero no les alcanza para las necesidades básicas».
Al final, según la experta, a algunas mujeres no les queda más remedio que abandonar EE.UU. con sus hijos para mudarse al lugar a donde el marido ha sido deportado, algo que muchas veces no funciona ya que no logran habituarse al nuevo país.
«Ha sido muy duro»
Entre esas mujeres que han debido hacerse cargo de sus familias en solitario se encuentra María, quien reside con sus tres hijos en la localidad californiana de San Diego.
Su esposo Jorge Arturo fue detenido por la policía el pasado mes de octubre después de que un vecino lo denunciara mientras recogía envases para el reciclar, una actividad con la que mantenía a los suyos.
Tras pasar varias semanas en distintos centros de detención, Jorge Arturo -quien ya había sido deportado en otras dos ocasiones- fue enviado de vuelta a su Honduras natal. En la actualidad vive en Tijuana, México, a la espera de poder ingresar de nuevo de forma ilegal al país.
Pese a que igual que Jorge Arturo, María lleva residiendo en EE.UU. desde 1990, también es indocumentada, por lo que se ve obligada a trabajar con papeles falsificados en una cadena de comida rápida.
Tras la expulsión de su esposo, ese empleo no le da para mantener a sus tres hijos, quienes sí tienen la nacionalidad estadounidense al haber nacido en el país.
Su hija menor, Teresa, de 18 años, ha debido buscar dos empleos a tiempo parcial que compagina con sus estudios de secundaria. Sus otros dos hijos, dos chicos de 22 y 21 años, también estudian y trabajan y contribuyen en lo que pueden a la economía familiar.
«Ha sido muy duro, aunque por suerte hubo gente que me ayudó para que pudiera pagar la renta. Luego mi hija consiguió su trabajo y mi otro hijo también me ayuda pagando alguna factura, como la de la luz, y cuando le digo que me falta algo de dinero me lo da», le explica María a BBC Mundo desde la parroquia del Sagrado Corazón de San Diego, donde recibe apoyo económico y espiritual para sobrellevar su difícil situación.
«Echo muchísimo de menos a mi marido y mis hijos también. Estábamos juntos todo el día. O él me esperaba a la salida de mi trabajo o yo le esperaba a él a la salida del suyo. Nunca nos separábamos. Lo hacíamos todo juntos», relata la mujer.
A su hija Teresa es a la que más le ha costado adaptarse a la nueva situación, pese a que siempre que puede cruza la frontera para visitar a su padre en Tijuana.
«Cuando me enteré de que habían deportado a mi papá estuve muy triste y estresada porque no sabía cómo íbamos a pagar la renta. Además, tuve que empezar a buscar un trabajo, lo que no fue fácil», cuenta la joven.
«En la escuela me cuesta concentrarme ya que no puedo parar de pensar en cómo está mi padre o qué nos va a pasar en el futuro. Es muy duro, me siento inútil porque no puedo hacer nada para ayudarle».
Aislamiento
Además de la ayuda que reciben de su parroquia, María y sus hijos están siendo asesorados por Jorge González, del San Diego Organizing Project (SDOP, por sus siglas en inglés), una organización sin ánimo de lucro que se dedica a dar apoyo económico y legal a las familias de indocumentados.
«Antes que nada hay que tener en cuenta el trauma al que las familias deben hacer frente cuando uno de sus miembros es deportado», explica González en conversación con BBC Mundo.
«Muchas (familias) optan por mantenerse aisladas de la comunidad con tal de que no se sepa que el padre ha sido deportado. Existe el miedo de que si alguien se entera, puedan ser sometidos a amenazas o chantaje. A veces los amenazan con que van a llamar a inmigración para que deporten al resto de la familia».
«Es por eso que en muchos casos los únicos lugares a los que pueden acudir son las parroquias», señala González.
«Luego están los problemas económicos. Muchas familias deben vivir de la beneficencia. A algunos no les queda otra opción que dormir en sus carros ya que no pueden pagar una casa. Cuando deportan al padre, de un día para otro el 80% de los ingresos de la familia desaparecen».
González cree que uno de los aspectos más preocupantes de las deportaciones es el efecto que estas tienen en los hijos que se quedan atrás y que ven cómo sus proyectos de futuro se desvanecen.
«Hay que cambiar la narrativa. Los indocumentados no son criminales ni gente que esté abusando del sistema como dicen los políticos, sino al contrario. Con su trabajo están contribuyendo a mejorar del país», apunta.
Expertos como la profesora de la UC Merced Tanya Golash-Boza creen que las consecuencias de la agresiva política de deportaciones que está siguiendo el la Casa Blanca, incluso si se llega a aprobar una reforma migratoria en un futuro próximo, se dejarán sentir en los años venideros.
Advierten que el hecho de que miles mujeres y sus hijos -que en muchos casos son ciudadanos estadounidenses- deban vivir sabiendo que el gobierno de su país les ha quitado a sus maridos y padres, afectará sus relaciones familiares, su oportunidades profesionales y su movilidad social.
Desde la Casa Blanca aseguran que están enfocados en deportar a los inmigrantes que han cometido delitos graves, aunque algunos estudios apuntan que esos casos no son ni una cuarta parte del total.
Un portavoz de la administración Obama declinó hacer comentarios a BBC Mundo sobre las políticas de deportaciones que están siguiendo.
