Advertencia: Este reportaje contiene descripciones de escenas de violencia doméstica que pueden resultar perturbadoras.
Cuando Joana* se casó con el empresario Carlos* a principios de la década de 2000, éste tenía un pequeño negocio. Los dos permanecieron juntos durante 18 años y, en ese tiempo, la empresa creció vertiginosamente.
Poco a poco, el estilo de vida de la pareja -que ya era de clase media alta- se volvió lujoso. Pero Joana no tenía ni idea de la magnitud de la fortuna de su marido hasta que se separaron, o mejor dicho, hasta que se dio cuenta de que había sido engañada en el proceso de divorcio.
Joana, ahora con 50 años, había dedicado toda su vida a su familia y a su marido y no quería separarse. Se sometió a un tratamiento de fecundación en el que tras varios intentos quedó embarazada del único hijo de la pareja, ahora adolescente.
Carlos solicitó por primera vez el divorcio en 2017, pero como Joana no quería separarse, la relación se alargó hasta 2018, año en el que él la convenció de que sería mejor llegar a un acuerdo que finalmente se dio en 2019.
«Dijo que nunca les faltaría nada, que dejaría a su hijo y a ella en una buena situación. Hizo un trato para que ella se quedara con un piso valorado en 5 millones de reales y 30 millones de reales en inversiones (un estimado total de más de US$7 millones)», explica Anderson Albuquerque, abogado de Joana.
Sin saber exactamente cuál era el patrimonio inmobiliario de su marido -y por tanto de la pareja-, pues estaban casados bajo sociedad conyugal, Joana aceptó el acuerdo.
La sorpresa llegó cuando vio dos salidas a bolsa de la empresa de Carlos y su nombre en la lista de multimillonarios de Brasil. Ahí se dio cuenta de que la habían engañado. Fue entonces cuando buscó al abogado Albuquerque y descubrió que el valor total de la fortuna era en realidad de miles de millones de reales.
«En las grandes separaciones, con valores superiores a los 10 millones de reales (casi US$2 millones), los procesos de divorcio dejan de ser derecho de familia y se convierten en una cuestión de fraude financiero y derecho fiscal», dice Albuquerque, quien se especializó en derecho fiscal y empresarial antes de empezar a coordinar el departamento de derecho de familia de su bufete.
En el caso de Joana, Carlos simplemente había omitido el valor de los bienes en el momento de la separación. «No presentó su participación en varias empresas», explica Albuquerque.
El mes pasado, Joana obtuvo una decisión judicial que garantizaba su derecho a tener acceso a todos los documentos contables de la empresa de los últimos 18 años. Así, con el valor exacto de los bienes en manos de Joana, las dos partes pueden tratar de llegar a un nuevo acuerdo, según dijo el juez del caso.
«A menudo, como en este caso, las consecuencias de ese ocultamiento van más allá de la familia. El fraude del marido con su mujer puede generar efectos para la empresa en su conjunto», advierte el abogado de Joana.
Hasta el momento, la defensa de Carlos no se ha manifestado sobre el caso.
Activos ocultos
A diferencia de la gran mayoría de los despachos de derecho de familia, Albuquerque sólo acepta casos de esposas e hijas, nunca de maridos.
«Aquí sólo abogamos por las mujeres. Eso ayuda a mantener la coherencia, porque si apoyas algo para una parte (la de la esposa) en un caso y luego argumentas lo contrario atendiendo a otro caso (el del marido), falseas tu propia argumentación», sostiene el abogado.
Según Albuquerque, en la mayoría de los grandes casos de divorcio que él atiende, la principal estrategia de los maridos para ocultar los bienes es simplemente no presentar los documentos a las esposas y a sus abogados.
«Muchas mujeres, aunque tengan una vida de lujo, no conocen detalles de la vida económica de su familia, no saben o no pueden demostrar sus gastos de manutención y no conocen sus derechos», dice al añadir que muchos fraudes pasan desapercibidos para los abogados de familia que no entienden tan bien la parte financiera.
Además, muchos maridos mantienen el control de sus mujeres en las relaciones abusivas y ellas tienen miedo incluso de acudir a un abogado para entender cuáles son sus derechos.
«El mero hecho de que siga a un abogado de derecho de familia en las redes sociales ya es motivo de discordia. El marido dice que no confía en él y le pregunta si quiere separarse. Recibo cientos de mensajes al día de mujeres que dicen que no pueden seguirme porque si su marido se entera, será un problema», asegura Albuquerque.
Alteraciones contractuales y violencia física
El abogado explica que aunque la omisión de datos es la principal estrategia, no es la única. Hay casos en los que incluso se recurre a la falsificación de documentos y hasta a la violencia física.
Eso es lo que ocurrió en el divorcio de Ligia* y Juan*, una pareja de empresarios del sur de Brasil que se separaron este año.
Ambos se conocieron en 2009. Poco después, iniciaron un negocio que con los años ha crecido hasta convertirse en un gran grupo empresarial.
Estuvieron casados durante 12 años y tuvieron una hija. Cuando Juan quiso separarse, el patrimonio de la pareja estaba valorado en unos 500 millones de reales (más de US$96 millones), cuenta Albuquerque.
Y aunque en este caso, Ligia conocía sus derechos fue tomada por sorpresa por un intento de estafa de parte de su marido.
En diciembre de 2020, Juan realizó una alteración contractual con un cambio en la sociedad a través de un certificado digital. Pasó las empresas a nombre de su madre sin informar a su esposa. Pero faltaba la firma física de Ligia para que se produjera el cambio.
Entonces, Juan usó el camino de la violencia y en abril de este año, cuando ya no vivían juntos, la obligó a firmar varios documentos, entre ellos el contrato con el cambio de la empresa.
Todo pasó al término de un evento social. Juan decidió acompañar a Ligia y a su hija a su carro cuando se abalanzó contra Ligia. «Me agarró del cuello y me dejó sin voz. No podía gritar, no podía pedir ayuda. Luego me arrojó sobre el vehículo», contó la mujer.
Ligia consiguió subirse al automóvil buscando protección, pero Juan abrió la puerta, la sacó y la lanzó contra la pared. Varias personas vieron la escena, incluida la hija pequeña de la pareja.
Ese mismo día, Ligia acudió a la comisaría para presentar una denuncia. Debido a la violencia, el caso pasó al Ministerio Público y ahora Juan enfrenta un proceso penal.
Además, Ligia acudió a la Justicia solicitando el reconocimiento de la nulidad de la alteración contractual, una indemnización por daños morales y otras demandas para proteger su patrimonio.
«El fraude fue muy claro porque él se equivocó. La alteración contractual se había hecho en 2020, pero cuando él la obligó a firmar el contrato tenía la fecha de este año», explica Albuquerque, que es abogado de Ligia en el proceso.
En la acción, Juan niega cualquier agresión y afirma que la ex esposa firmó el contrato por su propia voluntad.
Provocar pérdida de solvencia y así no pagar
Hay casos en los que los maridos vacían sus bienes para que sus esposas no tengan acceso a las cantidades a las que tienen derecho.
Con 50 años, Clara* lleva 12 intentando conseguir la cantidad acordada con su ex marido Rodrigo* cuando se separaron. Ambos se conocieron en 1995 y estuvieron juntos durante casi 15 años.
Cuando se divorciaron, ambos llegaron a un acuerdo de reparto de bienes en el que ella se quedaría con la suma de 1 millón de reales (US$192.163), pero Rodrigo nunca le transfirió la cantidad a su ex mujer.
Clara pasó años intentando conseguir el pago, pero tuvo dificultades porque Rodrigo había vaciado completamente su patrimonio impidiendo que los tribunales le expropiasen sus bienes.
Incluso antes de separarse, en 2007, él vendió su participación en grandes empresas de cambio de divisas a un banco. El valor de la negociación divulgada fue de unos US$40 millones (con el tipo de cambio de agosto de 2007).
Según el tribunal, la cantidad que él le debe a Clara hoy es de 30 millones de reales (US$5,7 millones), resultado del monto del acuerdo que no fue pagado con intereses y corrección monetaria, más la pensión alimenticia que debe a las hijas de la pareja.
Rodrigo niega las irregularidades, pero ya no tiene derecho a apelar en los tribunales: los plazos para impugnar las acciones de pensión alimenticia han pasado y no hay posibilidad de evadir la cuantía del acuerdo alcanzado legalmente por la pareja.
Clara, que ahora es cliente de Albuquerque, ha presentado una solicitud para que la deuda de su ex marido sea redirigida al banco que absorbió sus acciones en las sociedades de intercambio.
«Es otro ejemplo de cómo un problema matrimonial puede tener efectos más allá de la familia», resalta Albuquerque. «Hoy tengo incluso inversores que buscan asesoramiento para evaluar el régimen de comunidad de bienes de los socios para entender mejor los riesgos de invertir en determinadas empresas».
*Los nombres de las personas mencionadas han sido modificados para proteger su identidad.
