Las razones por las que el régimen de Daniel Ortega impulsa la eliminación de las elecciones en Nicaragua
- La iniciativa es el resultado de un proceso iniciado en 2007 con reformas políticas, continuado con la reelección indefinida y reforzado con cambios constitucionales que consolidaron el poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo
La dictadura encabezada por Daniel Ortega ha dado un nuevo paso en la concentración del poder en Nicaragua al plantear la eliminación de las elecciones como mecanismo para elegir a las autoridades del país. El anuncio, realizado durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, representa un cambio trascendental en el sistema político nicaragüense.
Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional y exguerrillero, sostiene que los procesos electorales únicamente permiten que la oposición intente recuperar el poder, por lo que considera necesario ponerles fin de forma definitiva.
La propuesta llega después de casi veinte años de gobierno, período en el que el mandatario ha debilitado a la oposición, promovido reformas constitucionales que le permitieron la reelección indefinida y fortalecido el control del Estado junto a su esposa, Rosario Murillo, quien actualmente ocupa el cargo de copresidenta.
Diversas organizaciones internacionales y sectores críticos del país denuncian que el régimen ha consolidado su permanencia mediante el encarcelamiento y persecución de opositores, la desaparición de partidos políticos rivales y el control de los principales poderes del Estado. Todo ello, aseguran, desemboca ahora en la intención de eliminar cualquier posibilidad de competencia electoral.
A continuación, los principales elementos que explican cómo se llegó a esta propuesta, de acuerdo con una recopilación de la agencia EFE.
El regreso al poder en 2007
Daniel Ortega volvió a la Presidencia en 2007 gracias a un pacto político con el expresidente Arnoldo Alemán, que permitió modificar las reglas electorales y reducir al 35 % el porcentaje mínimo requerido para ganar la Presidencia. En esos comicios obtuvo el 38 % de los votos, favorecido por la división de la oposición.
Reforma para permitir la reelección indefinida
Dos años después, en 2009, la Sala Constitucional de la Corte Suprema, integrada por magistrados cercanos al oficialismo, declaró “inaplicable” el artículo constitucional que prohibía la reelección presidencial continua y limitaba los mandatos a dos períodos. Con esa decisión, Ortega quedó habilitado para postularse de manera indefinida.
Control del sistema político
En las elecciones de 2011 fue reelegido con el 62 % de los votos, en medio de denuncias sobre irregularidades y cuestionamientos a la legalidad de su candidatura.
A partir de 2016, el Gobierno endureció aún más el control del proceso electoral. Ese año fue excluido de la contienda el principal partido opositor y se impidió la participación de observadores internacionales de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y el Centro Carter, entidades que habían cuestionado la transparencia de procesos anteriores.
Persecución contra la oposición
Posteriormente, Ortega obtuvo un nuevo mandato junto a Rosario Murillo sin enfrentar una competencia real. En 2021 volvió a ser reelegido con el 75 % de los votos, después de que siete aspirantes presidenciales opositores fueran detenidos bajo acusaciones de “traición a la patria”. Tras esos comicios, la OEA concluyó que las elecciones no fueron libres, justas ni transparentes y que carecían de legitimidad democrática.
Concentración absoluta del poder
Desde febrero de 2025, Ortega gobierna formalmente junto a Rosario Murillo como copresidenta, tras otra reforma constitucional. El dominio sobre los poderes Judicial, Legislativo y Electoral, sumado a la eliminación de partidos opositores y la persecución de voces críticas, ha fortalecido el control absoluto del régimen sobre el país.
La intención de eliminar las elecciones
Durante la celebración del aniversario de la Revolución Sandinista, el pasado 19 de julio de 2026, Ortega anunció que no volverán a celebrarse elecciones con el argumento de impedir que la oposición recupere el poder por la vía democrática. La medida busca cerrar cualquier posibilidad de alternancia política y afianzar la permanencia de la familia Ortega-Murillo al frente del Gobierno, siguiendo modelos similares a otros regímenes autoritarios de la región.
Analistas y dirigentes opositores consideran que el objetivo del mandatario es consolidar una dinastía política y eliminar cualquier riesgo de perder el control del país. Según diversos testimonios, el sandinismo mantiene como prioridad conservar el poder a cualquier costo, una idea que en vida también expresaba el excomandante Tomás Borge.
Una Asamblea alineada con el Ejecutivo
Como parte de ese proceso, la Asamblea Nacional de Nicaragua inició este martes la preparación de reformas constitucionales y legales por instrucciones de Ortega, con el propósito de impedir que la oposición vuelva a participar en procesos electorales. La decisión generó nuevas críticas de la comunidad internacional y aumentó la presión diplomática contra Managua.
El plan contempla sesiones especiales junto al Consejo Supremo Electoral, organismo cercano al Ejecutivo, para definir las modificaciones constitucionales y legales necesarias. Según informó la propia Asamblea, estas medidas servirán para “garantizar las bases jurídicas” de los cambios.
Asimismo, los diputados y las “organizaciones correspondientes” recibieron la instrucción de preparar “las leyes para que le pongan un muro, un bloque” a quienes pretendan competir en futuras elecciones.
