El proceso de selección por parte del Consejo Nacional de la Magistratura de los abogados recientemente seleccionados para sustituir a los jueces salientes del Tribunal Constitucional (TC) fue transparente.
Respeto mucho a los elegidos. Son juristas capaces e íntegros. Dos jueces de carrera judicial, Domingo Gil y Alba Luis Beard; y, Juan José Ayuso y Miguel Valera, abogados de gran formación jurídica y de vida profesional intachable. Aspirábamos a 3 de carrera y a una selección paritaria hombres/mujeres. Pero, creo que fue la mejor selección posible.
Para solo citar uno de estos, Domingo Gil representa el “summus iudex”. Es un juez experimentado, de sólida formación intelectual, profesor dilatado, curtido en las luces del Derecho, escritor, doctrinario acabado, de compromiso plenihumanista y democrático reconocido y un ser humano excepcional.
Sin embargo, todos tienen la misma responsabilidad: contribuir a la consolidación y expansión del Estado social y democrático de derecho, proclamado por la Constitución, teniendo a esta última en su cima interpretativa.
Tras su creación, el TC ha venido marcando un camino de mayor respeto por los derechos fundamentales, la supremacía constitucional y la defensa de la Constitución.
La legitimidad que viene ganando el TC se fortalece con la entrada de estos nuevos jueces, debiendo reconocer la misión cumplida de los jueces salientes, Víctor Gómez Bergés, Leyda Piña, Jottin Cury David e Idelfonso Reyes, y de los que se quedan.
Todos han estado conscientes de que con sus decisiones generan precedentes constitucionales, con la fuerza normativa y obligatoria de que están dotados y de que actúan por mandato expreso del constituyente y por el bienestar de los titulares de derechos y el respeto al Estado de derecho.
Indudablemente que el TC ha contribuido con el desarrollo democrático y normativo del país. Pero sus retos siguen siendo muchos, cuando de solidez institucional, libertades y derechos fundamentales se trata, pues muchas de sus decisiones son desacatadas por los poderes y órganos públicos.
Los bríos que suman los nuevos jueces deben estimular la siempre necesaria renovación y el reverdecimiento del TC, para que se haga cada vez más fuerte, independiente y eficiente, continuando con la siembra y la cosecha de la obediencia constitucional.
