En los reportajes que ha venido realizando EL DÍA sobre la situación de las instalaciones deportivas del interior del país, ha quedado al desnudo las falencias de ese sector, tanto en lo humano como en instalaciones físicas.
Esta cruda realidad también pone al descubierto la irresponsabilidad de quienes en un momento dado reclamaron
por todo lo alto la construcción de obras suntuosas a que las autoridades no pueden costear ni su mantenimiento.
Los casos más patético son las piscinas olímpicas, utilizadas por unos días, a pesar del costo multimillonario en que se incurre.
La de Barahona, construida en 1982, es el caso más llamativo, al punto que hoy se pide su destrucción por el mal estado que presenta.
Una obra, que costó millones, ahora es un problema hasta de salud pública, por las aguas contaminadas que alberga desde hace muchos años.
Otras piscinas, incluso la levantada en los terrenos de la Pontificia Universidad Catolica Madre y Maestra de Santiago con motivo de los Centroamericanos y del Caribe de 1986, hubo que e donarla a esa universidad por falta de fondos del Estado para su mantenimiento.
Lo mismo ocurrió con la de La Vega, que durante años permaneció abandonada.
El Complejo Acuático en el mismo Centro Olímpico de Santo Domingo también tuvo que se entregado a un patronato para que no colapsara, y, aun así, todavía persisten problemas para su mantenimiento.
Estos cuatro ejemplos deben servir para alertar a las autoridades de que no se deben llevar por voces irresponsables que solicitan instalaciones, sin tener el mínimo conocimiento de que si no se realiza una inversión permanente se irán a pique en un breve lapso.
Y es una lástima y una irresponsabilidad que no se haya puesto la “tapa al pomo” en esos casos.
Muchas de estas, y otras obras, se levantan para favorecer a constructores amigos de los gobiernos. Ojalá que a nadie se le ocurra pedir una piscina para los próximos Juegos