El pasado 27 de febrero, el presidente de la República anunció ante la Asamblea Nacional y el país una propuesta para reformar la actual Ley de Seguridad Social n.º 87-01.
Sin embargo, en el escenario de la Comisión de Seguridad Social instalada hasta ese entonces en el Senado de la República, los detalles de las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo no eran conocidas. Los medios y métodos empleados para crear esa propuesta fueron y siguen siendo un misterio.
En los meses previos, muchos ciudadanos y organizaciones creímos que la participación en la sede del Poder Legislativo tenía como objetivo dar un debate democrático, plural y a fondo sobre la Seguridad Social y el Sistema de Pensiones, aportando análisis y recomendaciones con fundamentos rigurosos, serios y verificables.
La propuesta presidencial tomó a todos por sorpresa.
Seguimos creyendo que los legisladores tienen el deber de representar al pueblo y urgimos a que así lo hagan. De manera formal hemos hecho saber nuestros puntos de vista a la nueva Comisión Bicameral del Congreso Nacional.
Hemos señalado que cualquier reforma debe tener como centro los derechos fundamentales y la Constitución, y, bajo ningún concepto, la aceptación de pactos que desnaturalicen las esencias del Estado social y democrático de derecho, o que violen la Carta Fundamental.
Lejos de la reforma estructural que avanza mundialmente, y que en República Dominicana se hace urgente, la propuesta presidencial para modificar el sistema de pensiones difícilmente pueda llamarse “reforma”, y es apenas un cambio sobre algunos parámetros, específicamente las comisiones con que las AFP engordan cada año.
Y lo peor: en realidad no se arreglará nada sino que todo va a empeorar. Resulta increíble que haya quienes se refieran a esta propuesta como “un hecho”, como si la autocracia fuera el régimen político vigente.
Hemos explicado -siendo conservadores en las cifras- que en el primer año de puesta en funcionamiento del nuevo esquema propuesto por el Poder Ejecutivo, las AFP obtendrían ingresos operacionales de 7,863.3 millones de pesos, superiores en 3,075 millones de pesos a los obtenidos en 2018.
Si el cálculo se extiende a futuro, las AFP nunca verán reducir sus ingresos y ganancias, pues en 2022 tendrán ingresos por 10,526.9 millones de pesos, y en 2031 sus ingresos superarán los 20,000 millones de pesos anuales; es decir, entre 2018 y 2031 sus ingresos crecerán a razón de 12% promedio anual. Un saqueo a la franca.
La democracia no puede ser suspendida, menos los derechos y conquistas sociales. Contra el interés general y el bienestar colectivo parece prevalecer la voluntad de un pequeñísimo grupo muy poderoso, que desea un negocio aun más seguro, rentable y libre de riesgo.
Esto constituye una trama de corrupción legalizada en beneficio de las megaempresas llamadas AFP. Por supuesto, caminar en esta dirección no resolverá para nada la crisis del sistema de pensiones.
El deber histórico, ético y cívico del Congreso Nacional no puede ser legitimar la imposición de los actores hegemónicos, sino representar los intereses y la soberanía del pueblo cumpliendo el mandato del legislador, fiscalizando el sistema actual, defendiendo los derechos de los ciudadanos y haciendo prevalecer la Constitución.
Y añadimos: la reducción o ajuste de las altas comisiones que obtienen las AFP no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Ya no se trata de concesiones mínimas ni tibias reformas.
La evidencia internacional es abundante y la realidad es escandalosa: o construimos un sistema de Seguridad Social justo, incluyente, universal y solidario, mediante las reglas democráticas, o el país sigue convirtiéndose en una finca privada.
