Matías Bosch
Quienes tengan acceso a Netflix harían bien en ver el documental “Descenso”, que cuenta la historia del modelo de avión 737 MAX, del fabricante norteamericano Boeing.
Presentada como la aeronave más avanzada del mercado, terminó en las peores tragedias aéreas de los últimos años, cuando dos aparatos de último modelo se desplomaron a tierra, dejando centenares de fallecidos.
Ante los hechos, Boeing se empeñó en resaltar la confiabilidad de sus productos. Pero la verdad es que la empresa, en su afán de no perder mercado frente a su más estrecho competidor, diseñó un avión que no podía volar adecuadamente y, para resolverlo, instalaron un programa computacional oculto que llegaba a controlar la aeronave, haciéndola caer al vacío.
Algo clave en esta historia es que Boeing se había convertido en una empresa más centrada en su rendimiento en la bolsa de valores que en la calidad de sus productos. Para ello mudó sus plantas a Estados con menores regulaciones, destruyó los sindicatos y se ocupó de contar con empleados serviles y cómplices, en vez de preocupados por la seriedad de su trabajo.
En resumen, todo en Boeing estaba funcionando para que su éxito fuera más importante que la seguridad de las personas. En ese camino los fabricantes llegaron a engañar a las autoridades y, aún peor, ponerlas bajo su control. Algo asombroso en el país que de forma más estricta vigila y administra la aeronavegación.
En República Dominicana, el sistema de pensiones creado por la Ley No. 87-01 en manos de las AFP es como la Boeing del 737 MAX que, con tal de valer más en el negocio financiero y acumular las máximas ganancias, es capaz de atravesar todas las líneas rojas, violar la Ley, engañar al país y a las instancias de supervisión.
Y lo que es peor, ponerlas a su servicio. Boeing no fue creada para matar, mientras las AFP sí son empresas creadas para lucrarse a cualquier precio. El resultado es llegar a quitarles dinero a las cuentas de los cotizantes (hasta ahora un desfalco estimado en más de 8,000 millones de pesos) y ofrecernos las peores pensiones de América Latina.
Las AFP ganaron en 2021 casi 4,900 millones de pesos, absorbiendo en sus años de existencia más de 80 mil millones de pesos, y cada vez ganarán más, porque en 2020 se hicieron una ley a su medida para cobrar su comisión del fondo administrado, sin importar que inviertan el dinero mal o bien.
Lo grave de nuestra situación es que mientras en Estados Unidos el Congreso y la agencia que regula la aviación le salieron al paso a Boeing para evitar más muertes, la Superintendencia de Pensiones dominicana, en vez de exigir cumplir la Ley y proteger a las personas, le hace de relacionista público a las AFP. Y el Congreso Nacional, con honrosas excepciones, parece que no se entera.
Y, sobre todo, sucede que la gente podrá elegir viajar o no, montarse en los aviones de un fabricante o de otro, pero nadie puede elegir no envejecer, no quedar en discapacidad o no fallecer, y por eso tener una pensión digna y que no te la roben es un derecho fundamental en la Constitución, que nadie debería tocar para saciar su ambición, contando además con impunidad.
