Aunque con poca incidencia en el pueblo dominicano, los ideólogos del antihaitianismo, con su tremendismo y todo tipo de predicciones agoreras sobre el futuro de las relaciones entre los dos pueblos que comparten la isla Hispaniola, continúan en sus pretensiones de fomentar la xenofobia antihaitiana, que ha sido asimilada por estamentos del Estado dominicano, que les niegan a los hijos e hijas de padres haitianos, nacidos en territorio dominicano, el derecho al registro civil y por ende el derecho a la nacionalidad.
La xenofobia racista antihaitiana promovida por intelectuales fascistoides dominicanos, fue el móvil principal que condujo a Trujillo ordenar la famosa matanza de 1937, llamada “El Corte”, donde fueron asesinados miles de haitianos, de todas las edades y sexo, y dominicanos de piel negra, confundidos como haitianos; lo cual evidenció la connotación racista de esa matanza.
En los ingenios azucareros, propiedad en su mayoría de capitalistas norteamericanos, las huestes sanguinarias de Trujillo no se atrevieron asesinar a los braceros haitianos.
Es incierto que la matanza de 1937 fuera motivada por problemas fronterizos, pues dos años antes, en 1935, se firmo el Acuerdo Trujillo-Vincent de Santo Domingo, que fue ratificado por el Protocolo Final de Puerto Príncipe en 1936, que dejó zanjado el diferendo fronterizo dominico-haitiano, surgido a partir del año 1856, que culminó con la pérdida definitiva de los territorios dominicanos de Hincha, San Miguel de Atalaya, Las Caobas, San Rafael y otras franjas de territorio ocupadas y reclamadas por los haitianos.
Los Acuerdos Trujillo-Vincent de 1935 y 1936 motivaron la solicitud que Trujillo hizo al Congreso Nacional, de ser postulado, junto al presidente de Haití Stenio Vincent, para que se les otorgara el Premio Nobel de la Paz, correspondiente al año 1936.
Desde la llegada al poder de Joaquín Balaguer en 1966, se inició una nueva etapa de la traída masiva de braceros haitianos para el corte de la caña de los ingenios azucareros del Estado y los privados; la que en los últimos cuarenta y siete años ha significado la presencia en el territorio dominicano de una cantidad inmensa de trabajadoras y trabajadores haitianos, cuya presencia en las explotaciones agrícolas y en el área de la construcción, entre otras, son notables.
Esta presencia masiva de trabajadores haitianos en el país ha generado el resurgimiento de las ideas racistas xenofóbicas antihaitianas, bajo los argumentos de que “hay una invasión pacífica de haitianos y haitianas en el país”, de que “grupos grandes de haitianos se están preparando para una invasión violenta al país”, o de que “políticos e intelectuales haitianos y dominicanos en contubernio con potencias extranjeras, como Francia, Canadá y Estados Unidos están haciendo gestiones para unificar la isla”.
Con esas ideas se pretenden crear las condiciones para una confrontación entre dominicanos y trabajadores haitianos residentes en el país, que en realidad nunca va a ocurrir, porque el pueblo dominicano ha sabido vivir en armonía con los haitianos, que se ocupan de trabajos duros y viven en pésimas condiciones.
Algunos politiqueros se han dedicado a fomentar esas ideas racistas y xenófobas al punto de lograr que se desvanezca el concepto jurídico del jus solis, que era estipulado como una de las condiciones principales para adquirir la nacionalidad dominicana, bajo el argumento mezquino de que “los niños nacidos en el país, de padres haitianos, están de transito”; comparándolos con los hijos de los diplomáticos de países extranjeros acreditados en el país, o de un niño o niña de padres extranjeros que nazca en la sala de espera de un aeropuerto o durante el vuelo de una aeronave.
Los hijos e hijas de padres haitianos, muchos de los cuales tienen decenas de años residiendo y trabajando en el país, nacidos en nuestro territorio, son tan dominicanos como el que más. El único delito que han cometido es ser hijos de haitianos negros.
Esos hijos e hijas de padres haitianos indocumentados, el único idioma que conocen es el español; su psicología y cultura es la de un dominicano o dominicana común y corriente. A ellos, el gobierno les niega el derecho a la nacionalidad y a poseer un documento de identidad, lo cual les impide inscribirse en las escuelas, universidades o a recibir atenciones medicas.
Esa es una violación a uno de los más elementales derechos humanos de una persona, que es el derecho a la nacionalidad y a la identidad, motivos por los que el gobierno dominicano ha sido sometido en varias ocasiones por ante la Corte Interamericana de los Derechos humanos, para que responda por estas graves violaciones.
Al negarle al neonato de padres haitianos sus derechos a la nacionalidad, la identidad y otros derechos, el gobierno dominicano viola los artículos 4, 5, 6, 7, 28 de la Ley 136-03 (Código del Menor). También viola principios fundamentales establecidos en la Convención Sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de la ONU en su Resolución 44/25 del 20 de noviembre de 1989, de la cual la Republica Dominicana es signataria.
*El autor es Secretario General del Capitulo dominicano de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y Miembro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
