La reciente publicación del estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre violencia contra niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe ha dejado al descubierto una herida que la sociedad dominicana no puede seguir ocultando.
El pasado año 2025, el estudio sobre violencia contra niños, niñas y adolescentes que presentó UNICEF estaba enfocado en siete aspectos fundamentales: contexto de violencia, maltrato físico y violencia sexual, uniones tempranas y embarazo en adolescentes, métodos violentos en la crianza, trabajo infantil, inscripción tardía del nacimiento y suicidio.
Ese informe evidenció que las hembras llevan la peor parte: se estableció que el 76 % de las adolescentes de 15 a 17 años fue víctima de algún tipo de violencia; el 52.2 % reportó haber sufrido violencia sexual y que, en los espacios escolares, el 45.5 % experimentó agresiones físicas o psicológicas.
En aquel momento, se ponía de manifiesto la necesidad de impulsar un cambio en las formas y en las convicciones que tejen algunas personas, respecto a hacer cumplir las reglas en los hogares y en los centros de enseñanza. Al parecer, pocos resultados se han obtenido.
En esta oportunidad, el estudio revela que el 63 % de los menores ha sufrido violencia en sus hogares o escuelas, lo que representa una gran afrenta para el país, colocado, además, por encima de la media regional de América Latina y del Caribe, que es del 60 %, y también es muy alta.
República Dominicana se vende al mundo como un país alegre, hospitalario y solidario, que lo es, pero esta imagen, que sustenta gran parte del atractivo turístico, contrasta con la realidad de niños que crecen entre golpes, gritos y abusos, incluso, de quienes deben protegerlos.
Es una contradicción brutal que conduce a formular la siguiente pregunta: ¿cómo puede un país que presume de su calidez permitir dejarse desmoralizar por la violencia?
Las estadísticas son escalofriantes, pero lo más preocupante es la normalización cultural que algunos hacen de la violencia. Golpear para educar, gritar para corregir, humillar para disciplinar son prácticas que se han transmitido de generación en generación y que siguen siendo vistas como legítimas, hasta por legisladoras que defienden “la pela” como castigo.
El Estado y sus instituciones tienen grandes retos, por lo que deberían crear políticas públicas integrales y sostenidas, mediante programas de crianza positiva que enseñen disciplina sin violencia, sistemas de protección que integren salud, justicia y educación y apoyo a familias vulnerables, con servicios psicológicos y de formación humana.
Pero las familias también deben hacer conciencia y preguntarse si la manera en la que están llevando a cabo la crianza de los niños contribuye a la formación de seres sociales dignos, con autoestima, con respeto, con responsabilidad, con actitud y con aptitud, para vivir en sociedad.
Muchos países ya han demostrado que el cambio en los métodos para la crianza de niños y niñas y en la formación de adolescentes es posible y funcional.
En Colombia, programas de fortalecimiento familiar han reducido la separación de niños de sus hogares; en Perú y México, la participación infantil ha dado voz a los menores para denunciar abusos y, en Brasil, redes comunitarias han tejido protección desde las escuelas y barrios.
Estos son ejemplos que muestran que la transformación requiere voluntad política y compromiso social.
República Dominicana no puede aspirar a ser líder en turismo, cultura, deportes o cualquier otra área de desarrollo, mientras su infancia también está atrapada en la violencia. ¡Hay que hacer algo urgente! Toca a todos poner un grano de arena.
