JOSE P. MONEGRO
Queremos hacer un ejercicio a ver si entendí lo que han explicado el ministro de Hacienda y el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE sobre la venta de acciones de Punta Catalina, y de paso intentar que también lo entienda el chinero de la esquina.
El Estado creó una empresa para generar y vender electricidad. Esa nueva empresa tiene garantizada la venta de su producción a las distribuidoras, que también son del Estado.
Esa empresa “Punta Catalina”, con “clientes garantizados”, ya tiene un valor de 750 millones de dólares. El Estado pondrá en venta el 49 por ciento de esa empresa por 375 millones de dólares (la mitad de su valor).
Ahora bien, esa empresa construyó una planta por 2,300 millones de dólares, monto que el propietario de la empresa (el Estado) tomó prestado. Estima que ahora esa empresa y su planta valen 2,500 millones. De ahí salen los 750 millones del valor de la empresa y los restantes 1,750 millones son el capital. Quiere decir que esa empresa que vale 750 millones de dólares más los 1, 750 millones de capital
Entonces, quien quiera ser dueño de la mitad de la empresa tiene que pagar por las acciones 375 millones de dólares y asumir 875 millones de los 1,750 millones de inversión. Es decir, tendría que pagarle 1,250 millones de dólares al actual dueño (el Estado dominicano).
El Estado se quedaría como propietario del 51 por ciento de la empresa, asumiendo 1,250 millones de dólares de los pasivos de la empresa “Punta Catalina”, que estaría teniendo un valor consolidado de 2,500 millones de dólares (750 millones el valor de las acciones y 1,750 de la inversión de capital para la construcción de la planta).
La empresa “Punta Catalina” quedaría sin deudas, porque quien tomó prestado los 2,300 millones de dólares fue el Estado dominicano y lo mantendría como pasivos suyos.
El Estado podría abonar los 1,250 millones de dólares que recibiría de los inversionistas a los 2,300 millones de dólares del préstamo. El Estado sería dueño del 51 por ciento de una empresa de 2,500 millones de dólares con un aporte de 1,150 millones (la mitad de los 1,300 millones que se tomaron en préstamos).
En caso de no abonarle al capital lo que recibiera en esa operación, el Estado seguiría teniendo una deuda de 2,300 millones, pero estaría ingresando al Tesoro Nacional 1,250 millones para financiar el déficit fiscal.
En el precio de esa operación falta el valor del negocio, lo que el chinero le llamaría “el punto comercial”.
Me temo que el chinero de la esquina tendrá que hacer más esfuerzo para entender, quizás haya que explicarlo con chinas y manzanas.
