A partir del caso David Ortiz y de varios turistas en el país que han sufrido agresiones o fallecido en diversas circunstancias, se ha generalizado por las redes sociales una suerte de campaña de “defensa del país”.
Inspirados en sentimientos chovinistas unos, pagados como bocinas del gobierno otros, pretenden despertar una suerte de cruzada a favor de una mentira colosal: que nuestro país es un lugar seguro.
Es un hecho, no una impresión, de que vivimos sometidos a una tensión como individuos y familias frente a la posibilidad ser asaltados o asesinados en la vía pública, centros de diversión y hasta en nuestros hogares, por maleantes de poca monta, criminales profesionales o sicarios. La inversión privada en seguridad es grande y la desconfianza que todos sentimos permanentemente es digna de ser estudiada por los expertos en salud mental. Basta con ver lo que la prensa nos brinda, lo que amigos y familiares nos cuentan, y hasta lo que todos suponemos que debe estar ocurriendo y que no conocemos, para entender que existimos en permanente riesgo.
Hay dos causas -no las únicas- que son evidentes para cualquiera que tenga dos dedos de frente. La primera es el choque permanente entre una gran mayoría que no logra obtener lo necesario para sobrevivir cada mes enfrentado con una minoría que disfrutamos de bienes y servicios propios de un país desarrollado, fruto de nuestro trabajo honesto o de la depredación de los bienes públicos por una pandilla de políticos enriquecidos de la noche a la mañana. El segundo factor causal es la estructura de impunidad que protege a grandes ladrones del erario público y otros de menor monto que logran evadir la persecución de la justicia sin muchas dificultades. El contubernio de funcionarios del Estado, jueces y fiscales, y los medios de comunicación pagados por el gobierno, crea un muro de defensa de aquellos bandidos que drenan las finanzas públicas para su beneficio.
Defender al país únicamente es posible si se tornan efectivas políticas que promuevan el desarrollo de la población más empobrecida, generando trabajos bien remunerados y estables, no con prebendas politiqueras para saciar el hambre por uno o pocos días. Esa acción, que es obligatoria de un gobierno que efectivamente esté preocupado por el bienestar de toda la sociedad y que logre convertir el crecimiento económico en crecimiento social, debe ir aunada con un plan preciso de combate a la criminalidad en todos los niveles, colocando los mejores recursos humanos y técnicos para dicho logro.
La otra defensa integral de nuestra sociedad es anular la cultura de impunidad que es pan nuestro de cada día, y que la sociedad perciba con claridad que todos los que cometen delitos, sean altos funcionarios públicos o congresistas, o vulgares carteristas, son sometidos a los tribunales, y estos tomen las decisiones que sancionen a los infractores y que ningún caso sea engavetado por presión política o que los condenados no salgan de la cárcel hasta cumplir su condena.
Sin tener que salir con lastimosas declaraciones de que somos dominicanos y este país es bueno y seguro, si efectivamente se enfrenta al crimen y la impunidad, los del país y los extranjeros sabremos que vivimos mejor y más seguros. Dejemos de existir en la mentira, merecemos habitar una sociedad justa y racional.
