Rafael Chaljub Mejìa
Aquí el privilegio está institucionalizado como si el Estado y la sociedad misma estuviesen organizados en función de ese vicio, hermano siamés de la corrupción.
Esta realidad se consolidó desde que, bajo asesoría de agencias norteamericanas, en nuestro país se reorganizaron instituciones y se crearon otras nuevas para que aquellos que pasen a ocupar los cargos superiores de las mismas se enriquezcan legalmente y para siempre.
Existen normas constitucionales que regulan los sueldos y salarios, ningún funcionario público puede devengar un sueldo más alto que el del presidente de la República. Pero sucede que las instituciones a las que me refiero se le otorgó la autonomía.
Tenemos una Ley de Pensiones y Jubilaciones, pero los creadores de esas instituciones hicieron su propia ley y cuando los jefes de las mismas cesan en sus funciones, aunque sea gente joven, en plena capacidad para seguir trabajando, pasan a disfrutar de liquidaciones por retiro y pensiones vitalicias que le aseguran una holgura económica para el resto de su vida.
El Banreservas y el Banco Central se manejan en esos mismos términos, sean quienes sean y llámense como se llamen quienes los encabecen. Me dicen que a la persona que ocupe el cargo de gobernador del Banco Central, entre muchos otros privilegios, se le asigna por reglamento un millón de pesos contantes y sonantes como regalo el día de su cumpleaños.
Aunque dice una norma ética que nadie puede legislar en su propio provecho, la Cámara de Diputados, cuna de las leyes, les asigna un barrilito de dinero a sus integrantes y esta es la regla. Por suerte y como no hay reglas sin excepción, aparecen diputados como Juan Dionicio Rodríguez Restituyo que marcan la diferencia.
Todo esto forma parte del funcionamiento de determinadas instituciones públicas. Entonces, la lucha por hacer prevalecer la ética y recuperar la decencia en el Estado, hay que concebirla como un asunto de mucha más gravedad y mayor alcance.
La Marcha Verde libró una hermosa batalla contra la corrupción, contribuyó a sacarnos del lodazal moral en que el país estaba sumergido y a que la corrupción administrativa no encuentre hoy el ambiente de tolerancia cómplice que encontró antes.
Pero hay que llamar la atención hacia áreas institucionales, mirar hacia sectores a los que habitualmente pocos miran, para abrir el debate, crear conciencia y organizar la lucha por una transformación política y moral a profundidad, que erradique privilegios, como los que se señalan líneas arriba.
