Con la promulgación de la ley 87-01 hace quince años nació el Sistema Dominicano de Seguridad Social, el cual incluye aspectos previsionales, de salud y otras consideraciones, con miras a que el esfuerzo individual, apoyado por iniciativas de orden público y del Estado, permitiesen a los dominicanos asegurar no tan solo una mejor calidad de vida, sino una vejez con menos preocupaciones y a la vez suplantar el anacrónico y quebrado sistema de reparto que prevaleció hasta entonces en el país.

Cierto es que en este lapso de tiempo se ha incumplido el cronograma en el cual debían avanzar e implantar algunas de sus estipulaciones, como son el pilar solidario, la aportación de parte del Estado del bono de reconocimiento para todos aquellos que previamente habían cotizado al Estado, las vías para que los trabajadores independientes pudiesen participar, mecanismos para viabilizar la incorporación de informales, entre otros.

Pero también es cierto que se ha logrado el buen funcionamiento de otros componentes, como el sistema de salud y el previsional de contribución individual, ambos aun con algunas imperfecciones, pero en constante proceso de revisión dentro de las limitaciones que permite la propia ley y “modus operandi“ ”del Consejo Nacional de la Seguridad Social, constituido este por mandato de la propia Ley 87-01.

Hay voces que claman por revisión a la ley, aun estando pendientes muchos de sus mandatos, sobre los cuales hay demasiados temas pendientes y sobre lo cual, con voluntad colectiva, podríamos adelantar bastante.

Iniciar procesos de modificación de la ley, sin el debido cumplimiento previo del mismo, o sin reconocer las imperfecciones del mercado de valores, dada la participación del Estado con sus títulos de altas tasas, sería intentar agarrar el toro por el rabo.

La primera modificación requerida en nuestro sistema es el que se acabe de cumplir con los mandatos de la propia ley.