Patricia Arache.
Patricia Arache
@patriciarache
Satisface sentir la ocupación de parte de las autoridades dominicanas para delinear políticas dirigidas a una mayor y mejor atención a la salud mental de las personas.
Desde hace tiempo, especialistas de la conducta y el pensamiento humanos han advertido sobre un acelerado deterioro de la salud mental, no solo en República Dominicana, sino en todo el mundo, atribuido, en parte, a efectos de la pandemia del coronavirus y su COVID-19.
Sectores profesionales han mantenido “el grito al cielo” frente a la virtual negligencia de quienes tienen la responsabilidad constitucional e institucional de velar por la salud de las personas, sin limitar las áreas de atención.
Resultó muy esperanzadora la reunión del equipo del Gabinete de Salud del gobierno, que encabeza Luis Abinader, para abordar las preocupaciones provenientes de la casi total falta de atención a la salud mental en este país, por cuyas calles, a diario deambulan decenas de personas con trastornos, sin ninguna asistencia.
La reunión del Gabinete de Salud, en la que participó la primera dama de la República, Raquel Arbaje, funcionarios de distintas áreas socioeconómicas y administrativas y, por supuesto, las autoridades de Salud Pública, fue realizada en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 10 de octubre de cada año.
En esa reunión, el gobierno dio a conocer estrategias que, a todas luces, permitirán una nueva mirada, un nuevo enfoque del manejo de la salud mental de las personas e, incluso, unas mejores ponderaciones de los ambientes y las realidades que las rodea.
Tiene razón la primera dama cuando estima que existe un descomunal desconocimiento sobre la salud mental en el país, que debe ser combatido.
“Cuando hablamos de salud mental no estamos hablando de enfermedades, sino de bienestar emocional, psicológico y social en todas, absolutamente todas las etapas de nuestras vidas; es decir, desde la niñez hasta la ancianidad”.
Los especialistas han señalado que la salud mental se relaciona con la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos en todos los aspectos de la vida, pero también revela la forma en la que se maneja el estrés, la capacidad para la toma de decisiones y hasta el nivel de relación que se mantenga con los demás.
Significa, entonces, que toca a todos y no discrimina a nadie, por lo que el tema de salud mental debe ser una responsabilidad de todos, por el bienestar de las familias y de la sociedad, en su conjunto.
Lo peor es que las causas que generan trastornos mentales, de acuerdo a los estudios, constituyen prácticamente el pan de cada día de sociedades en las que, como la dominicana, persisten factores socioeconómicos que la sustentan.
Los genes e historia familiar; experiencia de vida, como el estrés o si ha sufrido de abuso, en especial durante la infancia; desequilibrios químicos en el cerebro; lesión cerebral traumática; exposición de una madre a algún virus o productos químicos durante el embarazo; consumo de alcohol o drogas; enfermedades, como el cáncer; tener pocos amigos y sentirse solo o aislado, son causas que afectan la salud mental.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) citaba en el año 2017 que en República Dominicana el 4.7% de la población presentaba trastornos depresivos, mientras que un 5.7% mostraba trastornos de ansiedad. Todo esto antes del muy lesivo COVID-19.
Si se suman ambos trastornos, el impacto a la salud mental de los dominicanos rondaba solo con esos dos diagnósticos, más del 10% del total de la población. ¡Eso es mucho, muchísimo!
Por eso, valoro en toda su dimensión la estrategia que busca la ampliación de la Red de Salud Mental, en el país y, optimista como soy, no pierdo la esperanza de que el proceso de atención vaya más allá, porque falta.
Es necesario también lograr que las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) incluyan en sus catálogos de servicios la atención a la salud mental, que no lo hacen, lo cual refleja una de las muchas deficiencias e injusticias que exhibe el actual modelo de “seguridad social” contra los ciudadanos.
