Daris Javier Cuevas.
Como se sabe, los sistemas tributarios tienen como función primordial recaudar los ingresos necesarios para financiar las políticas de gasto público.
Y por tal razón, la bondad relativa de un sistema fiscal ha de valorarse en función de hasta qué punto cumple una serie de principios que se consideran deseables, como son la eficacia recaudadora, la equidad, eficiencia y eficiencia económica.
Idealmente en la literatura económica se asume que los impuestos han de ser equitativos, esto es, que la carga de los impuestos puede realizarse utilizando diferentes principios que establecen cuál debe ser la base impositiva.
Pues entre la diversidad de criterios, la política tributaria jerarquiza los beneficios, la capacidad de pago, las utilidades y el consumo.
Bajo el enfoque del principio del beneficio de los impuestos, estos han de pagarse por los contribuyentes relacionándolo con los beneficios que recibe de los bienes y servicios públicos.
Esto significa que cada cual ha de pagar según recibe y, por tanto, conforme con el principio del beneficio, los impuestos no se deben diseñar y ejecutar para deteriorar los ingresos de los contribuyentes y generalizar una situación de incertidumbre en los agentes económicos.
En el contexto de lo planteado, se puede interpretar que el gobierno dominicano ha decidido imponer una reforma tributaria que contraviene lo razonable, deteriora los ingresos de los contribuyentes y coloca en posición de riesgos a los diversos sectores de la economía de una manera brutal. Pues de lograr sus objetivos, el gobierno impulsa una estocada contra la estabilidad macroeconómica y frena la recuperación total de la la actividad económica, afectando la expansión de la economía.
Una mirada detenida a las propuestas de reforma tributaria hecha por el gobierno permite descodificar la trampa de riesgos e incertidumbre con la se pretende cargar de impuestos a la población.
En efecto, el sector construcción y la adquisición de vivienda serian las primeras victimas de la reforma tributaria, si se considera que una franja de ese subsector que no paga el impuesto a la propiedad inmobiliaria, IPI, pasarían a pagar impuesto, implicando esto que las viviendas propiedad de clase media y de menos ingresos estarían condenadas a pagar impuestos de manera generalizada.
Desde el año 2011 en Republica dominicana se puso en vigencia la ley 189-11para el desarrollo hipotecario, cuya finalidad es impulsar proyectos de vivienda económica o de costo bajo, tal pretensión quedaría mutilado a partir de la aprobación de esta reforma tributaria, fruto de la eliminación de los incentivos contenido en la propuesta que se ha diseñado.
No conforme con este absurdo, el gobierno presenta como un avance magistral cambiar el nombre de la figura del ITBIS por IVA, el caramelo envenenado derivado de este cambio es que en lo adelante todos los bienes y servicios estarían pagando un 18% que anteriormente no pagaban, esto es, pasar de 0% de ITBIS a pagar 18% de IVA.
Para que se tenga una mejor idea de la magnitud de este cambio de termino, estamos ante el hecho insólito y sin precedentes en la historia económica dominicana donde pasarían a pagar impuestos productos como la carne de cerdo, legumbres, hortalizas, alimentos para niños, los textos del nivel secundario, las sillas de ruedas, libros, los salones de belleza, los embutidos.
Por igual, se estarían gravando la carne de res, las frutas sin procesar, las prótesis para discapacitados, los servicios funerales, el transporte de carga.
En el ámbito de los diversos sectores económicos, las zonas francas industriales estarían seriamente castigadas con nuevas cargas tributarias, al naciente sector cinematográfico y una parte del turismo se les eliminarían los incentivos, en el sector financiero serian castigados con un 10% sobre los beneficios generados, lo que sería una destrucción para el sector bancario ya que no habrá estímulos para colocar depósitos en el mismo.
Los términos que se ha planteado esta reforma tributaria se resume en que se acentúan un sistema tributario basado en impuestos indirectos, por tanto, mayores cargas impositivas a la clase media que vería deteriorar su bienestar, promover la inequidad y transferir a los contribuyentes el despilfarro estimulado en el manejo de los recursos públicos con intenciones politiquera, pues tal situación arruina a los ciudadanos y empuja al país a una hecatombe de consecuencias impredecibles.
Antes de proponer más impuestos a la población, el gobierno debe dar señales de cómo va a reducir sus gastos. Pues se trata de una reforma agresiva, inoportuna, descarnada, desproporcionada y abusiva.
