Hace unas semanas, a través de uno de esos amigos que son fuente inagotable de conocimiento, llegó a mis manos un artículo publicado por Sergio Moro en el 2004.

Titulado “Consideraciones sobre la Operación Manos Limpias”, referido a la famosa –y fracasada– campaña anticorrupción italiana, es una descripción paso por paso de todas las formas en que luego corrompería a la justicia brasileña.

Por ejemplo, Moro detalla cómo entiende legítimo el uso de filtraciones sesgadas de la investigación para así lograr un “proceso de deslegitimación” del sistema de partidos como mecanismo necesario para el “éxito de la acción judicial”.

Señala que esta publicidad también puede “alertar a los investigados en potencia del aumento de la masa de información” en manos de los investigadores “favoreciendo nuevas confesiones”.

Siguiendo con esta lógica, dice que esa revelación de datos, que según la ley son secretos, es defendible porque “la publicidad tiene objetivos legítimos que no pueden ser alcanzados por otros medios”.

Y añade, sin sorpresa para nadie, que como a la carga de la prueba pesa sobre la acusación, la “opinión pública puede constituir un sustituto saludable, que tiene mejores condiciones para imponer algún tipo de castigo a agentes públicos corruptos, condenándolos al ostracismo”.

Además, habla de cómo la prisión preventiva “es una forma de destacar la seriedad del crimen y evidenciar la eficacia de la acción judicial” y entiende que es “apenas instrumento pragmático destinado a prevenir la prisión de inocentes” y no un principio fundamental del Estado de derecho.

Es claro que esa fue la receta que usó en Brasil, donde, fruto de sus prevaricaciones y de su ilícita –y probada– dirección de la labor de los fiscales, los casos que armó han sufrido inexorablemente el destino de caerse uno por uno.

Pero es que el propio Moro lo dejó claro hace casi veinte años: su interés no fue nunca llevar a cabo un proceso judicial como manda la ley, sino usar la justicia para una campaña de destrucción política que, en su caso, le valieron un ministerio y una senaduría.

Luego habrá quien dice que el “lawfare” no existe, que Moro y sus admiradores son unos incomprendidos. Pero la receta está ahí, clara para quien no quiera cegarse. Todos debemos velar por que nuestros sistemas de persecución penal no se vean instrumentalizados en esa forma. Porque eso será muchas cosas, pero no es justicia.