Nuestros vecinos de Borinqué se encuentran atravesando una grave situación financiera que hace suponer que si en el corto plazo no se revierte la tendencia negativa de sus finanzas públicas, podría ser declarada en bancarrota.
Desde hace décadas el Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha recurrido a la práctica de emisión de títulos de deuda pública en los mercados internacionales como mecanismo para cubrir sus déficits fiscales, provocados en gran parte por la finalización de las exenciones impositivas previstas en la provisión legislativa norteamericana conocida como 936, base en la manufactura de medicamentos y otros productos que fueron claves en la expansión económica de la isla.
Para solo citar alguno de los actuales factores que afectan la isla vecina, se puede establecer que su población viene disminuyendo en los últimos años, principalmente debido a la emigración de sus estamentos más jóvenes, un 15% de desempleo, una economía en contracción y una deuda pública que se estima en unos US$165 mil millones, equivalentes a más del 150% del PIB, de la cual solo la autoridad eléctrica (PREPA) adeuda mas de US$9 mil millones.
El mes próximo vence un pago importante de US$630 millones, para los cuales las autoridades de la isla están tomando provisiones para el incremento de sus recaudos, que incluyen aumentos en los impuestos a los combustibles, las tasas de electricidad y agua, impuestos a la propiedad y un impuesto al valor agregado de un 16%; un conjunto de medidas que muchos piensan hundirá más aun al débil economía isleña.
Las consecuencias de acudir habitualmente al endeudamiento público como mecanismo para compensar la ineficiencia presupuestaria y el clientelismo burocrático, la irracionalidad del gasto público y el déficit fiscal constante tiene su mejor ejemplo en nuestros vecinos, practica sobre la cual debemos aprender para jamás repetir el mismo error que han cometido los boricuas.
