El gobierno del PLD desde hace varios años viene ensayando formas de criminalizar las protestas o mejor dicho, presentar las protestas como un crimen. En la actualidad está llevando a cabo una nueva modalidad que consiste en judicializar a los que luchan y a los jóvenes en sentido general. Judicializar, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa tratar por vía judicial un asunto que podría conducirse por otra vía, generalmente política, de igual forma, la judicialización de la juventud es crear expedientes falsos a los jóvenes para llevarlos a las cárceles.
Un hecho conocido lo vimos en mayo del 2017, cuando colocaron drogas a un dirigente popular en Moca. El capítulo más reciente se dio en enero del 2019 cuando el Poder Judicial intentó judicializar la protesta del lanzamiento de excrementos, por parte de miembros del Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) a la Suprema Corte de Justicia.
La criminalización es una acción de medios (que se traduce en actos de represión, persecución, desaparición, acoso, etcétera) mientras que la judicialización es una acción de resultados (encarcelamiento, procesamiento y condena).
La criminalización y judicialización de las protestas tiene varios objetivos básicos: difamar, deslegitimar, intimidar, estigmatizar, encarcelar, desmoralizar y debilitar a las organizaciones sociales y a sus dirigentes.
Si bien es cierto que las protestas son legales, están establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nuestra carta magna, las autoridades violan constantemente ese derecho. Además de impedir por las fuerzas policiales y militares, por la auto censura, por la compra de conciencias, también se usa la estigmatización de quienes protestan, presentándolos como vándalos, delincuentes o personas que solo buscan beneficios personales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra la protesta como un derecho cuando en su artículo 20 establece que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica.
En República Dominicana existe el derecho a la protesta consagrado en la Constitución en el artículo 48 que establece la libertad de reunión: ¨Toda persona tiene el derecho de reunirse, sin permiso previo, con fines lícitos y pacíficos, de conformidad con la ley¨. Y el artículo 49 plantea la libertad de expresión e información: ¨Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa¨.
En el país tenemos precedentes de impedimento de las protestas: a finales del 2015 la Policía Nacional impidió las protestas frente a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado(OISOE), pese a que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenó al Ministerio de Interior y Policía abstenerse de impedir las manifestaciones cívicas frente a OISOE, este es solo un ejemplo pues hay cientos de casos como este.
La criminalización de las protestas se inicia a finales del siglo 18 y a principios del siglo 19 y se inició con la prohibición a los sindicatos. Impedir la sindicalización de los trabajadores se utiliza mucho en República Dominicana, imponiendo y violando la ley que garantiza el derecho a la sindicalización y a las protestas.
Países que se auto definen como¨paladines de la libertad¨han acentuado mucho la criminalización de las protestas, EEUU es una de las naciones que más violan los derechos a las protestas con condenas a cadenas perpetuas y condenas a penas de muertes a activistas sociales y políticos, tal es el caso del periodista, activista político afroamericano y estadounidense Mumia Abu-Jamal quien fue condenado a muerte en 1982 y luego se le conmutó su pena a cadena perpetua sin libertad condicional.
La criminalización de la protesta social o presentar la protesta como crimen ha aumentado en América Latina. En los últimos años en Argentina la judicialización de las protestas se ha expresado de forma muy fuerte. La activista social Milagro Sala, líder de la organización barrial Tupac Amaru lleva años detenida por el solo hecho de ser una luchadora social.
En Ecuador, organizaciones del movimiento indígena han denunciado la criminalización de la lucha y la protesta social y algunos países como España utilizan la ley antiterrorista principalmente contra los activistas sociales. Tal es el caso del rapero comunista español Pablo Hasel que fue condenado en mayo del 2014 y en marzo del 2018 a varios años de cárcel solo por el contenido de sus letras.
La criminalización y judicialización de la protestas en República Dominicana es una acción perversa que pone en evidencia la falta de valores morales de la clase política que dirige el Estado, aunque no han podido implementar esta estrategia en su totalidad contra los luchadores sociales.
Solo la pasividad y dispersión del movimiento social podría permitir que esos planes macabros se lleven a cabo. Si somos capaces de permanecer unidos y dar respuesta desde la unidad a quienes se han planteado eliminar del escenario a los luchadores sociales, se les hará muy difícil lograr su objetivo.
