Nassef Perdomo Cordero, abogado.
Todo parece indicar que el Código Penal será convertido en ley a la carrera. Para algunos, no es así porque tiene décadas habitando las gavetas del Congreso, pero una cosa es eso y otra su discusión con la calma que amerita.
Que los proyectos acumularan polvo es precisamente lo contrario de lo que manda la Constitución al Congreso: discutir los proyectos de ley que se le presentan.
Es decir, el tiempo durante el cual un proyecto de ley permanece engavetado no vale para calificar la profundidad de la discusión a la que fue sometido. De más está decir que de nada sirve cambiar la norma mala por una nueva también mala o peor.
Tampoco es cierto, como se ha dicho, que la razón de la prisa es la necesidad del Código para combatir la corrupción.
Esta excusa es desmentida por el proceder de los propios congresistas, quienes recibieron de manos de la Procuraduría General de la República observaciones importantes al Código, pero decidieron aprobar la versión de la Cámara de Diputados el mismo día. Si la lucha contra la corrupción fuera algo más que una coartada, se hubiese hecho caso a las preocupaciones manifestadas por el órgano encargado de perseguirla
Por razones sobre las que prefiero no especular, el Senado decidió que no hay nada que ver, estudiar ni cambiar en el proyecto.
Al hacer esto no resuelve problemas, sino que los crea, porque aprobar una norma deficiente es distinto a tener la responsabilidad de aplicarla.
El precio político de escurrir una responsabilidad siempre se paga, sólo que en este caso serán otros quienes lo hagan.
De aprobarlo definitivamente, los congresistas depositarán a los pies del presidente Abinader una bomba de relojería política que podría explotarle en las manos. Desarmarla, en uno u otro sentido, no lo dejará indemne.
Al final, si esto se aprueba perderemos todos, incluyendo los autores del desaguisado, aunque así no lo vean ahora.
