Fidel Santana,
Más de 18 años de ir y venir sin que se haya logrado consensuar la voluntad política para la aprobación de la Ley de Partidos son suficiente evidencia de que los actores políticos que han controlado las mayorías congresuales no han tenido, ni tienen, interés de dotar al país de regulaciones al sistema político. La falta de voluntad es más evidente después de la aprobación de la Constitución del 2010, que ordena modificar la Ley Electoral, la cual tampoco se ha logrado consensuar.
Ya se han realizado dos procesos electorales bajo la sombrilla legal de la vieja Ley, que data del 1997, y todo indica que se pretende continuar como “chivos sin ley”, pues la principal debilidad de la misma es que no tiene un régimen de consecuencias que permita penalizar a los infractores.
Después de ralentizar y torpedear el trabajo de construcción de consensos en la última Comisión Bicameral que ha estudiado esas dos piezas legislativas, recientemente la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana –PLD- dejó “en libertad” a sus legisladores para dar término al debate sobre esas dos propuestas de leyes, dejándose ver el “refajo”, pues se hace obvio que se trata de una nueva maniobra para empantanar la aprobación de las mismas, al tiempo de mover las culpas del fracaso hacia los legisladores.
Cuando en la cúpula del PLD y, sobre todo, cuando en el Presidente de la República existe el interés de aprobar alguna iniciativa en el Congreso, los procedimientos se montan en un cohete supersónico y las mismas se aprueban en un “santiamén”. Ejemplos de esa práctica sobran. Sobre todo si se trata de aprobar préstamos. Literalmente, cuando es de interés del ejecutivo, las dos cámaras del Congreso evacúan iniciativas en tres días, incluyendo los trámites de una Cámara a la otra.
Yo que soy parte de una de las dos Cámaras del Congreso, soy testigo de lo que sucede cuando se quiere dilatar la discusión de un tema y de cómo se aprueban cosas a la “brigandina”, cuando es la voluntad del Ejecutivo. Uso a propósito el término “brigandina”, porque describe unos procedimientos y unos resultados fallidos para el país. La empresa “Bridge and Dine” hizo gala de lo que es hacer cosas, en aquel caso puentes, que se levantaban al vapor, pero duraban poco en pie. Así actúa Danilo Medina, imponiendo unos procedimientos que son nefastos para la democracia.
En su discurso de rendición de cuentas, el Presidente Medina, que tiene una dilatada experiencia en jugar a “la gatita de María Ramos”, intenta quitarse de encima la responsabilidad de la no aprobación de estas dos piezas legislativas poniendo la bola en la cancha de los legisladores. Él es el que decide qué se hace y qué no en el Congreso. Pero pretende que la ciudadanía se crea el cuento de que “los legisladores del Presidente” actuarán a su libre albedrío.
Los legisladores, por otra parte, que vivimos en la mira de la crítica por múltiples inconsecuencias frente a los intereses colectivos, tenemos una oportunidad de reafirmarnos como actores empoderados por el sufragio ciudadano, superando las estratagemas que nos reducen la dimensión. Es hora de que los que votan atendiendo a señas atiendan las señas de la época, la del verdadero dueño del Poder, que es el pueblo. Hasta los “Danilistas” tienen un pretexto para que aprobemos esas dos leyes sin más demora.
Pero no se trata de cualquier aprobación. La reforma a la Ley Electoral es clave para que avancemos a un sistema electoral más democrático, transparente y equitativo. Se requieren leyes con garras, con un régimen de consecuencias fuerte, que golpeen duramente la tradición de tramposerías, de fraudes, de compra y venta de votos, de gastos exorbitantes y de uso de dinero público. Una reforma a la Ley Electoral que no limite el gasto y que no ponga barreras infranqueables al financiamiento del crimen organizado y de la corrupción serviría para poco. Sería como una casa sin techo en tiempo de lluvia.
Por otro lado, la reforma a la Ley Electoral debería ser una oportunidad para afirmar el voto preferencial, superando sus debilidades. Es necesario que el voto preferencial pase a un nivel más democrático, asumiéndose abierto y desbloqueado, para que los electores puedan votar por candidatos de varios partidos, según su mejor parecer. Debería ocurrir también que se supere el arrastre de los senadores y diputados, para que cada quién se rasque con sus propias uñas.
Sería también una oportunidad para derrotar las maniobras machistas que relegan a las mujeres y las excluyen. De igual importancia sería desmontar el sistema de discriminación en el financiamiento público, que otorga cuantiosos recursos a las franquicias mayoritarias y relega a los grupos emergentes a la inanición financiera, lo que les hace imposible avanzar en forma sostenida.
Son muchos los temas de altísimo valor para la democracia que podrían regularse con estas dos leyes. Es una oportunidad para los legisladores conectar con las aspiraciones ciudadanas.
Nos han tendido una trampa de la que podemos salir airosos. Con la audacia y tacto de los llamados al fracaso, los que han tendido esta emboscada podrían morder su propio anzuelo.
Y claro que eso no se puede lograr sin acompañamiento y presión ciudadana.
La primera prueba a superar es la expresa voluntad del presidente del Senado de avanzar a toda prisa para que la culpa del fracaso no le caiga encima. En su lógica, si alguien tiene que purgar las culpas, que sean los diputados, aunque en definitiva, el fracaso será de la democracia.
Sólo la presión ciudadana puede salvarnos del pantano de indecisión orquestado en el laboratorio de la pantomima maquiavélica releccionista. En éste juego de soltar el sartén caliente la ciudadanía debe aprovechar para agarrar por el mango el destino de la democracia. Podemos lograrlo.
