La presa de Hatillo, no muere, la matan la Barrick y la indiferencia del Ministerio de Medio Ambiente

El presunto envenenamiento por parte de la minera Barrick Pueblo Viejo en la provincia María Trinidad Sánchez es un crimen de lesa humanidad, un hecho ante el cual las autoridades de Medio Ambiente y la propia empresa tienen el compromiso de ofrecer explicaciones claras a la sociedad, en lugar de intentar atribuir a los productores agrícolas de la zona una responsabilidad que no les corresponde.

Un trabajo presentado por un diario de circulación nacional, elaborado con evidente sesgo, sostiene que lo que está ocurriendo en ese embalse es producto del “uso intensivo de fertilizantes y agroquímicos, así como de la insuficiente gestión del agua y del territorio, lo que facilita la proliferación de cianobacterias y algas que liberan toxinas peligrosas para la vida humana, animal y vegetal”.

Con esta publicación, el citado medio se coloca del lado de intereses oscuros y acusa de manera indirecta a pequeños y medianos productores de la zona de ser responsables de un daño que, según múltiples denuncias, estaría vinculado a los desechos tóxicos vertidos por la mina, los cuales amenazan no solo la presa, sino también a las comunidades que dependen del río más importante del país.

El reportaje, además, libera de responsabilidad a Barrick y a su presa de cola, señalada por diversos sectores como la fuente directa de la contaminación denunciada.

Las presas de cola húmedas son depósitos de desechos tóxicos derivados de los procesos de extracción de oro. Son infraestructuras vulnerables a fallas geológicas, terremotos, huracanes, deficiencias de construcción, mala gestión y errores humanos.

Sus posibles derrames pueden tener efectos catastróficos sobre las aguas superficiales y subterráneas, así como sobre las comunidades cercanas, convirtiéndose en focos permanentes de alto riesgo.

Cabe recordar que en 2023 la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de su Observatorio Dominicano de Políticas Públicas (ODPP) y del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (FCJP), inició un estudio independiente sobre el impacto ambiental que podría generar la instalación de una segunda presa de cola en la provincia Sánchez Ramírez. Sin embargo, dicho estudio aún no ha sido presentado públicamente.

Mientras tanto, el Ministerio de Medio Ambiente, el senador y otras autoridades permanecen en silencio, permitiendo que la situación continúe agravándose. A esto se suma la falta de servicios fundamentales en la provincia, en momentos en que el oro extraído allí alcanza precios récord en los mercados internacionales.